El Gobierno de Donald Trump —que enfrenta varias demandas ante tribunales por acciones como la suspensión del sistema de reasentamiento de refugiados, intentos de eliminar el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento o la deportación sin audiencias judiciales de a quienes acusa sin evidencia de delitos— ahora quiere proceder en contra de abogados y despachos legales.
La Administración emitió una directiva la noche del viernes, hecha pública hasta este sábado, que ordena a la fiscal general, Pam Bondi, sancionar a abogados si el Gobierno considera que están realizando litigaciones o demandas que cree son «frívolas, sin razón o perniciosas» en contra de agencias o funcionarios federales.
Es un paso más hacia desmantelar el Estado de derecho»
ACLU
El memorando también establece que se deben tomar acciones disciplinarias adicionales, como una queja para retirarle la licencia para practicar, si se cree que algún abogado está «rompiendo reglas sobre qué reclamos son meritorios» especialmente «para casos relacionados a la seguridad nacional, seguridad pública o la integridad electoral».
El documento ha puesto en alerta a especialistas en derecho, pues fue dado a conocer cuando el Gobierno federal de por sí ha estado criticando a jueces por realizar su trabajo y sugiriendo que el poder judicial no puede frenar acciones presidenciales pese a que Estados Unidos tiene un sistema de pesos, contrapesos y balances que justamente establece que las cortes sí pueden deliberar sobre muchos de estos temas.
