David Johnston era un abogado con licencia cuando entró ilegalmente al Capitolio con una turba de simpatizantes del presidente, Donald Trump, el 6 de enero de 2021. Más de cinco años después, el hombre de Carolina del Sur se ofrece a ayudar a otros a solicitar pagos del nuevo fondo de casi 1,800 millones de dólares del Gobierno para personas que afirman ser víctimas de una supuesta politización de la justicia.
Lo hará a cambio de un 10% de cualquier indemnización, con un tope de 5,000 dólares por persona.
“Creo que la narrativa está cambiando”, declaró Johnston en un video que publicó en redes sociales sobre cómo se cuenta la historia de ese día. “Creo que nos están pasando cosas buenas”.
Cientos de simpatizantes leales a Trump se declararon culpables de asaltar el Capitolio, admitiendo bajo juramento que infringieron la ley. Ahora indultados por el presidente, muchos esperan capitalizar sus delitos solicitando dinero del fondo de 1,776 millones de dólares diseñado para compensar a aliados del republicano que creen que fueron procesados por motivos políticos.
Las críticas bipartidistas y un bloqueo judicial no han inhibido los festejos de los que claman por el dinero del fondo, que vendría de los contribuyentes. Algunos están presentando reclamos aunque el Gobierno no ha establecido un proceso y un juez ha congelado la creación del fondo, al menos de manera temporal.
Buscan compensación
Los críticos del fondo lo ven como otro vehículo para que Trump y sus aliados blanqueen los hechos del 6 de enero, justifiquen retroactivamente el asalto de la turba a un pilar de la democracia estadounidense y recompensen a algunos de los seguidores más leales de Trump.
Jason Riddle, un veterano militar de New Hampshire que fue condenado a 90 días tras las rejas después de declararse culpable de cargos por disturbios, rechazó públicamente un indulto de Trump. Calificó de “ridículo” que él o cualquier otro asaltante del 6 de enero recibiera compensación del Gobierno.
“Me encantaría el dinero, pero no puedo aceptar eso. Me molestaría por el resto de mi vida”, manifestó. “No fuimos perseguidos inocentemente solo por quiénes somos o por quién votamos. Fuimos perseguidos por cometer conducta delictiva en el Capitolio de Estados Unidos”.
Otros no comparten la reticencia de Riddle.
Un hombre de Florida que posó para fotos con el atril de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, argumentó en redes sociales que merece ser compensado por el costo de su infamia.
Uno de Nueva Jersey descrito por los fiscales como simpatizante nazi lo celebró como “buenas noticias no solo para los alzados del 6 de enero sino para todas las víctimas de la politización”. Un hombre de Texas que recibió una condena de siete años de prisión por asaltar el Capitolio con un tomahawk metálico lo celebró como “venganza” para las “víctimas de la tiranía de Biden”, en referencia al presidente demócrata Joe Biden.
Pamela Hemphill, residente de Oregon y condenada a 60 días de cárcel por su sentencia, rechazó un indulto de Trump pero ha redactado una reclamación por escrito para recibir compensación del fondo. A diferencia de decenas de insurrectos que afirman ser víctimas de persecución por los demócratas, Hemphill culpa a Trump de sus problemas legales. Su reclamo indica que busca 5 millones de dólares en compensación.
“No habría pasado por todo esto si Trump no hubiera mentido diciendo que las elecciones fueron robadas”, dijo durante una entrevista telefónica. “Es un resultado directo de sus mentiras que yo siquiera estuviera allí ese día”.
El fondo enfrenta desafíos legales y políticos
Sigue siendo una incógnita si alguien condenado por un delito relacionado con los disturbios en el Capitolio podría ser elegible para pagos de un fondo creado para resolver la demanda de Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones de impuestos.
El secretario de Justicia interino Todd Blanche no ha descartado esa posibilidad. Señaló que no hay límites sobre quién puede solicitar, pero indicó que los cinco comisionados del fondo —aún por nombrar— decidirán quién merece ser compensado y por qué, basándose en factores como “lo que hizo la persona, su condena, cuánto tiempo estuvo en la cárcel”.
“Eso depende de los comisionados”, le dijo Blanche a la agencia de noticias The Associated Press el jueves cuando se le preguntó su postura sobre si los acusados violentos del 6 de enero deberían ser elegibles para pagos.
“Hay que definir algo y luego atenerse a ello. Eso es algo que he sido reacio a intentar hacer, porque depende muchísimo de los hechos”, comentó Blanche. “Que yo esté aquí sentado hablando en hipotéticos es algo que no creo que sea justo para el proceso”.
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No está claro si el Congreso bloquearía pagos a acusados del 6 de enero. Republicanos del Senado, molestos por el acuerdo, han dicho que quieren imponer parámetros al fondo como parte de un proyecto de gasto del Departamento de Seguridad Nacional. Se fueron abruptamente de la ciudad a principios de este mes tras una reunión tensa con Blanche y regresarán el lunes con la situación sin resolver.
Un juez federal en Virginia ha congelado su creación y ha bloqueado temporalmente cualquier tramitación o pago de reclamaciones. El juez emitió ese fallo el viernes en una de al menos tres demandas que lo impugnan.
Brendan Ballou, exfiscal que llevó varios casos del 6 de enero antes de dejar el Departamento de Justicia el año pasado, demandó en nombre de dos policías que ayudaron a defender el Capitolio de la turba. Ballou considera la creación del fondo como parte de una campaña más amplia de Trump para socavar las instituciones democráticas y reescribir la historia del 6 de enero.
“Y si el presidente tiene éxito en ese esfuerzo, si logra que la gente olvide o apruebe ese día, sabe que puede conseguir que la gente acepte cualquier ataque a la democracia”, expresó.
Trump reinterpreta el asalto
Casi 1,600 personas fueron acusadas de delitos federales relacionados con los disturbios en el Capitolio. Más de 1,200 fueron condenadas y sentenciadas antes de que Trump emitiera indultos masivos y ordenara desestimar todos los casos pendientes del 6 de enero.
También liberó a miembros de grupos extremistas de ultraderecha que estaban encarcelados por conspirar para atacar el Capitolio con el fin de mantenerlo en el poder después de que perdiera las elecciones presidenciales de 2020 frente a Biden.
Pero los asaltantes del 6 de enero no son los únicos partidarios del presidente que buscan una tajada del dinero.
Meshawn Maddock, quien fue acusada de ser una falsa electora de Trump en Michigan antes de que un juez desestimara el caso el año pasado, dijo que ella y su esposo, el representante estatal Matt Maddock, “absolutamente” planean presentar una reclamación. Cree que el uso de dinero de los contribuyentes para el fondo está justificado porque “pagó la acusación y la investigación de los años en que me estaban cazando”.
“Quiero venganza y quiero represalia”, dijo.
La campaña de Trump para reinterpretar el 6 de enero como una protesta pacífica parece haber envalentonado a muchos insurgentes.
El entusiasmo de Johnston por ayudar a otros alborotadores del Capitolio con reclamaciones contrasta con su arrepentimiento al momento de la sentencia en 2022. Se disculpó por su “terrible falta de juicio” antes de ser condenado a tres semanas de cárcel y tres meses de arresto domiciliario. Se declaró culpable de un cargo menor por allanamiento.
“Fue una cosa tonta, tonta de hacer”, le dijo al juez. “Soy 100% responsable de lo que hice ese día”