Tres años después del 6 de enero: El ex mandatario Donald Trump busca retrasar cualquier juicio hasta después del día de las elecciones

Tres años después de que una turba de seguidores del ex presidente Donald Trump irrumpió en el Capitolio, la semana próxima el ex mandatario presentará su último alegato, que podría ser el más importante, para justificar por qué no se le debe considerar responsable de intentar revertir las elecciones de 2020.

El proceso de juicio político, la investigación de la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes y dos investigaciones penales separadas establecieron un amplio conjunto de hechos sobre la profunda participación de Trump en iniciativas superpuestas para permanecer en el cargo a pesar de haber sido derrotado en las urnas.

Pero sigue sin estar claro cuándo enfrentará finalmente un juicio por cargos relacionados con esas iniciativas, o incluso si esto sucederá. Uno de los factores más determinantes para obtener una respuesta a esas preguntas será el éxito o el fracaso de los alegatos que su equipo jurídico planea presentar el martes ante un tribunal federal de apelaciones en Washington.

Los abogados de Trump apuestan por una posibilidad remota, con la esperanza de convencer a un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia de Estados Unidos de que la Constitución le otorga absoluta inmunidad por las acciones que emprendió como presidente. Aunque esa afirmación no se ha demostrado en los tribunales, tiene la ventaja para el ex presidente de consumir tiempo al servicio de su estrategia de tratar de retrasar cualquier juicio hasta después del día de las elecciones.

Si Trump resultara elegido, podría tratar de ordenar que se retiraran los cargos federales contra él. El ritmo y el resultado de las impugnaciones derivadas de su argumento de que tenía inmunidad podrían afectar también el calendario de las otras tres causas penales a las que se enfrenta.

Cuando Trump fue sometido a un juicio político por incitar los acontecimientos del 6 de enero de 2021, argumentó como defensa que la Primera Enmienda protegía sus afirmaciones infundadas de fraude electoral, que la Cámara de Representantes se había precipitado en su investigación y que el Senado no podía sentenciarlo porque ya había dejado el cargo cuando se celebró el juicio.

Partidarios del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se amotinan en el edificio del Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021 (REUTERS/Leah Millis)Partidarios del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se amotinan en el edificio del Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021 (REUTERS/Leah Millis)

Pero su plan de decir a los tres jueces de apelación del tribunal federal situado a tres manzanas del Capitolio que es inmune a los juicios plantea cuestionamientos constitucionales más amplios.

Debido a que ningún ex presidente ha sido procesado antes (ningún presidente antes de Trump trató de permanecer en el poder después de haber perdido unas elecciones), hay pocos precedentes definitivos que orienten a los jueces en la consideración de su defensa basada en la inmunidad.

Su alegato de inmunidad ya ha pasado por varios tribunales durante casi tres meses, lo cual ha obligado al juez de primera instancia a dejar en suspenso el caso más amplio hasta que se resuelva la cuestión. Es probable que dicha cuestión acabe en la Suprema Corte, pero aun si los jueces acaban por rechazar una defensa basada en la inmunidad, el tiempo consumido por los alegatos podría contribuir a dejar correr el reloj lo suficiente para evitar que el caso vaya a juicio antes de las elecciones de otoño de 2024.

El viernes, la Corte Suprema acordó aceptar otro caso que se basa en los acontecimientos del 6 de enero. El máximo tribunal dijo que, el mes próximo, escucharía los alegatos sobre si Trump no es elegible para la boleta de las elecciones primarias republicanas de Colorado por su participación en una insurrección.

En los documentos presentados ante el juzgado en el caso de las elecciones federales, los abogados de Trump han argumentado que la Constitución no les otorga a los tribunales jurisdicción para revisar los actos oficiales de los presidentes a menos que el Congreso ya los haya sometido a juicio político y condenado por el comportamiento.

Sus abogados también han alegado que las medidas que Trump adoptó para revertir los resultados electorales eran ejercicios de su poderes y responsabilidades como presidente, que llevó a cabo para proteger la integridad de la votación frente a la posibilidad de fraude según su criterio.

Una bandera que afirma que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2020 se muestra a la venta en la convención del Partido Republicano de Carolina del Norte el día en que se esperaba que hablara en la reunión en Greenville el 5 de junio de 2021 (REUTERS/Jonathan Drake)Una bandera que afirma que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2020 se muestra a la venta en la convención del Partido Republicano de Carolina del Norte el día en que se esperaba que hablara en la reunión en Greenville el 5 de junio de 2021 (REUTERS/Jonathan Drake)

El equipo de la fiscalía, encabezado por el fiscal especial Jack Smith, no está de acuerdo. Argumentó que los ex presidentes no son inmunes a ser procesados por abusar penalmente de sus poderes oficiales y que el juicio político es irrelevante para efectos de derecho penal.

En cualquier caso, afirman que Trump estaba difundiendo mentiras sobre el fraude a sabiendas y actuaba en calidad de ciudadano particular como candidato que busca ganar la reelección, no como parte de sus deberes formales como presidente.

La jueza Tanya Chutkan, que lleva el caso en el Tribunal de Distrito de Washington, rechazó el alegato de inmunidad de Trump en diciembre. Ella dictaminó que “los ex presidentes no poseen inmunidad penal federal absoluta por ningún acto cometido mientras estaban en el cargo”.

Como esa conclusión rotunda volvía irrelevante la distinción entre actos privados y oficiales, no profundizó en cómo considerar si Trump estaba actuando como presidente o como candidato en su conducta después de las elecciones. Pero Trump ha vuelto a plantear esa cuestión como parte de la impugnación del fallo de la jueza ante el tribunal federal de apelaciones.

Una vez presentada la apelación, Chutkan detuvo todos los procedimientos del caso, lo que puso en peligro la fecha prevista para el inicio del juicio, el 4 de marzo. Preocupado ante la posibilidad de que una impugnación prolongada retrasara de manera significativa el juicio, Smith trató de evitar por completo el tribunal de apelaciones y acudir directamente a la Corte Suprema.

Pero los magistrados rechazaron su solicitud y regresaron la cuestión al panel de tres jueces que lleva el caso ahora. El panel considerará no solo la cuestión de la inmunidad, sino otras adyacentes a esta, como el alegato de que la apelación de Trump es prematura y la cuestión de la inmunidad solo debería considerarse si fuera condenado en juicio.

El panel incluye a la jueza Karen Henderson, nombrada en el cargo por los republicanos, quien a veces, mas no siempre, ha votado a favor de Trump en otros casos. También incluye a dos designadas demócratas, las juezas J. Michelle Childs y Florence Pan, que no han estado en el tribunal el tiempo suficiente como para haber tenido participaciones importantes en casos anteriores relacionados con Trump.

No hay precedentes directos sobre la amplia cuestión de si los presidentes tienen inmunidad penal por sus actos oficiales.

La Corte Suprema ha sostenido que los presidentes tienen inmunidad absoluta contra las demandas relacionadas con sus actos oficiales, en parte para protegerlos contra el acoso incesante y el escrutinio judicial de sus decisiones cotidianas.

La corte también sostiene que los presidentes pueden ser demandados por sus actos personales.

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos posan para un retrato grupal el 7 de octubre de 2022 (AP)Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos posan para un retrato grupal el 7 de octubre de 2022 (AP)

El máximo tribunal también encontró que, aunque a veces los presidentes son inmunes a los citatorios judiciales que solicitan información interna relacionada con el poder ejecutivo, ese privilegio no es absoluto, y determinó que incluso los presidentes pueden ser obligados a obedecer un citatorio judicial en un caso penal si la necesidad de información lo amerita.

Sin embargo, antes de Trump, la Corte Suprema nunca había tenido motivos para determinar si los ex presidentes están protegidos de ser procesados por actos oficiales. Durante mucho tiempo, el Departamento de Justicia ha mantenido que los presidentes en funciones son temporalmente inmunes a ser procesados porque los cargos penales los distraerían de sus funciones constitucionales. Pero como Trump no está en el cargo, eso no es un problema.

Lo más cerca que ha estado el país de enjuiciar a un ex presidente por sus actos oficiales fue en 1974, cuando Richard M. Nixon dimitió para evitar ser procesado por el escándalo de Watergate. Pero un indulto de su sucesor, el presidente Gerald Ford, protegió a Nixon de la acusación del fiscal especial del caso Watergate.

El equipo de Smith ha argumentado que el perdón de Ford —y la aceptación de Nixon de dicho perdón— demuestra que ambos entendían que Nixon ya no tenía inmunidad. El equipo de Trump ha tratado de contrarrestar ese punto argumentando, de forma inexacta, que Nixon solo enfrentaba posibles cargos penales por acciones privadas, como el fraude fiscal. Pero el fiscal especial sopesó acusar a Nixon de abusar de su cargo para obstruir la justicia.

El equipo de Trump ha argumentado que la negación de sus alegatos corre el riesgo de desencadenar una práctica rutinaria de procesar a ex presidentes por razones partidistas. Pero el equipo de Smith ha sostenido que, si los tribunales respaldan la teoría de Trump, entonces los futuros presidentes que confíen en sobrevivir a un juicio político podrían cometer cualquier cantidad de delitos relacionados con sus acciones oficiales.

Los fiscales escribieron: “Un resultado como este socavaría seriamente el interés público apremiante en el Estado de derecho y la responsabilidad penal”.

El precandidato presidencial republicano y ex mandatario estadounidense Donald Trump en un acto de campaña en Reno, Nevada, el 17 de diciembre de 2023 (REUTERS/Carlos Barria)El precandidato presidencial republicano y ex mandatario estadounidense Donald Trump en un acto de campaña en Reno, Nevada, el 17 de diciembre de 2023 (REUTERS/Carlos Barria)

Las acciones específicas de Trump

Si jueces y magistrados quieren resolver la controversia sin pronunciarse de manera definitiva sobre si los presidentes son inmunes a ser enjuiciados por actos oficiales, podrían hacerlo sosteniendo que las medidas específicas que Trump tomó para permanecer en el cargo y que se imputan en la acusación federal no fueron actos oficiales. De ser así, la cuestión más amplia de la inmunidad no tendría importancia y la acusación podría seguir adelante.

Los actos de Trump mencionados en la acusación formal incluyen usar el engaño para organizar listas falsas de electores y tratar de conseguir que funcionarios estatales subvirtieran los resultados legítimos de las elecciones; tratar de conseguir que el Departamento de Justicia y el vicepresidente Mike Pence ayudaran a alterar fraudulentamente los resultados; dirigir a sus partidarios al Capitolio el 6 de enero de 2021, y explotar la violencia y el caos de los disturbios que siguieron.

Chutkan emitió el fallo en el que rechaza el alegato de inmunidad de Trump sin ningún análisis detallado de si sus actos eran “oficiales”.

Si el panel del Tribunal de Circuito del Distrito de Columbia que se reunirá el martes (o, después, el pleno del tribunal de apelaciones o la Corte Suprema) le devolviera el asunto a la jueza para que intentara responder esa pregunta antes de reiniciar el proceso de apelación, Trump, como mínimo, habría consumido un valioso tiempo adicional.

© The New York Times 2024

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