Lima, 6 nov (EFE).- El Poder Judicial de Perú programó para el próximo 12 de diciembre una audiencia para evaluar el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien está siendo investigado por corrupción en el caso Odebrecht, informaron este domingo fuentes judiciales.
Perú evaluará el 12 de diciembre la cárcel preventiva contra el expresidente Toledo© Proporcionado por Agencia EFE
«El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional programó para el 12 de diciembre próximo la audiencia de prisión preventiva contra los acusados de colusión (fraude) agravada y lavado de activos Alejandro Toledo, Marcos de Moura Wanderley y Avahan Dan On», informó la Corte Superior Nacional a través de las redes sociales.
Agregó que la audiencia, donde también se evaluará el requerimiento fiscal contra el empresario brasileño Marcos de Moura Wanderley y el ex jefe de seguridad de Toledo Avahan Dan On, es de carácter inaplazable y se iniciará a las 9.00 hora local (14.00 GMT) en la sede de la Corte Superior Nacional.
Contra el ex jefe de Estado, el Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó 36 meses de prisión preventiva.
Toledo es acusado de recibir decenas de millones de dólares en coimas de Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa constructora brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era presidente del país.
En concreto, el exmandatario es procesado por presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, con relación a contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
El expresidente fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel y pasar al arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de la covid-19.
En septiembre pasado, la Justicia de Estados Unidos dio luz verde a la extradición del expresidente, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final está ahora en manos del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.