La furia ardiente de Trump. El juez Arthur Engoron dictaminó que Trump, su empresa y sus hijos adultos habían defraudado a bancos y aseguradoras inflando el valor de sus activos,

El juez que lleva el juicio por fraude contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York se pasó este miércoles lidiando con un dilema que el mundo político no supo resolver hace tiempo: cómo contener la furia, las rabietas y el impulso del exmandatario de saltarse todas las normas.

 

Y en un día extraordinario en el tribunal en el que se le ordenó subir al estrado para explicar su conducta, Trump puede haber obtenido una visión del futuro antes de cuatro juicios penales que añadirán un giro divisivo al año electoral.

 

El juez de Nueva York increpó al que fue el hombre más poderoso del mundo y le dijo que no era «creíble», una inversión de la dinámica de poder típica con Trump y un recordatorio de que nadie está por encima de la ley.

 

El estatus de Trump como acusado significa que no puede hacer y decir lo que quiera, una dinámica que no solo tendrá repercusión en el juicio actual, sino que parece el comienzo de un patrón, ya que el favorito para la candidatura del Partido Republicano en 2024 se enfrenta a juicios adicionales el próximo año.

 

Es posible que dos juicios políticos y una derrota electoral no hayan detenido a Trump, en parte porque es muy bueno a la hora de avivar la ira pública, crear realidades alternativas y difuminar la verdad, pero el entorno basado en hechos de la sala del tribunal sí podría hacerlo.

 

La furia ardiente de Trump

 

Trump ha dado la impresión de estar furioso durante gran parte de este juicio por fraude, en el que se podría prohibir a su imperio hacer negocios en Nueva York. El juez Arthur Engoron dictaminó incluso antes de que comenzara que Trump, su empresa y sus hijos adultos habían defraudado a bancos y aseguradoras inflando el valor de sus activos, algo que el expresidente ya apeló. Pero la frustración de Trump pareció desbordarse en extraños incidentes el miércoles.

 

En primer lugar, Trump pareció atacar de nuevo a la secretaria del juez, desafiando una orden de silencio. Comentó a los periodistas que Engoron era muy partidista y tenía una «persona muy partidista sentada a su lado». El juez convocó una audiencia para investigar el comentario y acabó multando al expresidente con US$ 10.000 por incumplir una estrecha orden de silencio que le prohibía dirigirse al personal del tribunal. Trump negó la acusación e insistió en que se había referido a su antiguo asesor, Michael Cohen, que también se sentó junto al juez durante su testimonio contra su otrora jefe.

 

No fue la primera multa a Trump por violar la orden de silencio. La semana pasada, fue golpeado con una multa de US$ 5.000 por no retirar una publicación en las redes sociales en la que atacaba a la secretaria de Engoron.

 

«No lo vuelvas a hacer o será peor», le dijo Engoron, en el tipo de reprimenda que Trump, que lleva décadas siendo la figura dominante en todas las salas, rara vez escucha.

 

Las multas son una gota en el océano para alguien tan rico como Trump, incluso si su fortuna no es tan grande como él afirma, que es una cuestión central en este caso. Y es poco probable que estas sumas hagan callar a un expresidente acostumbrado a decir exactamente lo que quiere. Pero es una pequeña muestra de las consecuencias que el sistema legal podría imponer en varios juicios, sobre sus negocios, sus intentos de anular las elecciones de 2020, su acaparamiento de documentos clasificados y un pago de dinero por silencio a una estrella de cine para adultos, que se enredarán con su campaña electoral presidencial durante el próximo año. Trump niega haber actuado mal en todos los casos pendientes.

Más tarde, Trump volvió a encender el histrionismo, saliendo enfadado de la sala después de que el juez se negara a desestimar el caso basándose en un testimonio aparentemente inconsistente de Cohen sobre si su exjefe le pidió que inflara los estados financieros. «Me voy», exclamó Trump y salió por las grandes puertas de la sala. Engoron rechazó la moción de forma absoluta, contradiciendo la afirmación del equipo de Trump de que Cohen era el testigo clave.

«Hay suficientes pruebas en este caso como para llenar esta sala», remarcó. (Como señalaron Jeremy Herb y Lauren del Valle, de CNN, en un despacho desde la sala del tribunal, Cohen aclaró después que Trump no se lo pidió directamente, pero lo dio a entender al hablar como un «jefe de la mafia»).

El hábito de Trump de hacer comentarios a los periodistas sobre el caso, que no es televisado, sugiere que es una especie de cliente de pesadilla para los abogados. Esa dinámica podría convertirse en una característica de sus futuros juicios y causarle aún más problemas. Pero su comportamiento es coherente con su método de utilizar su fama y alto perfil para influir en las percepciones. Mientras los abogados juzgan el caso dentro de la sala, Trump está llevando a cabo su propio juicio público fuera, en el pasillo. «Aquí nos están llevando por ferrocarril. Esto es algo muy injusto», dijo Trump el miércoles.

Pero a diferencia de cuando era magnate y presidente, los arrebatos de Trump no pueden conseguir lo que quiere porque las costumbres del tribunal y las limitaciones de la ley son impermeables a los argumentos emocionales y políticos. Elie Honig, analista legal sénior de CNN, dijo que un contrainterrogatorio agresivo de Cohen es un juego justo para el equipo legal de Trump, pero que las inconsistencias en el testimonio no acaban con un caso. «No significa que se acabó el juego, vámonos a casa», dijo Honig.

Cómo las defensas judiciales se transformaron en una campaña política

La contranarrativa de Trump está claramente destinada a reforzar su estrategia de campaña más amplia de pintarse a sí mismo como una víctima de un sistema legal utilizado como arma por el presidente Joe Biden para arruinar su candidatura a la Casa Blanca en 2024. Esta ha sido una potente arma política a medida que ha ido ganando terreno en las primarias del Partido Republicano y le ha ayudado a aumentar las cuentas de recaudación de fondos que está utilizando para pagar facturas legales. Con sus frases provocadoras, Trump sigue siendo noticia y ahoga a sus rivales de campaña.

Engoron no es el único juez que trata de encontrar la manera de tratar a Trump. La jueza Tanya Chutkan, que supervisa el juicio federal por subversión electoral en Washington, tiene un problema similar. Ha congelado temporalmente su anterior orden de silencio, para proteger a los testigos, al personal del tribunal y a los fiscales de los ataques de Trump en las redes sociales, a la espera de informes sobre su petición de suspender la orden mientras se resuelve su apelación.

Pero antes de imponer inicialmente la medida, Chutkan había advertido a Trump que su condición de acusado penal significa que hay limitaciones sobre lo que puede decir sobre un caso. «No tiene derecho a decir y hacer exactamente lo que le plazca», dijo Chutkan a los abogados de Trump ante el tribunal a principios de este mes. El equipo del expresidente respondió a la disputa argumentando que Chutkan y el Departamento de Justicia del Gobierno de Biden buscan silenciarlo para aplastar su campaña presidencial.

Trump encontró este miércoles apoyo en un sitio sorprendente en ese caso. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y su sección de Washington presentaron un informe amicus curiae en apoyo del expresidente, argumentando que la amplitud de la orden viola sus derechos de la Primera Enmienda. Pero también este miércoles, los fiscales pidieron a Chutkan que restableciera la orden, argumentando en su presentación que Trump ya reanudó la publicación sobre los posibles testigos en las redes sociales, señalando a su publicación en Truth Social sobre el exsecretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, a principios de esta semana.

Trump ha demostrado a lo largo de una carrera empresarial y política conocida por su impunidad que puede actuar y hablar como le plazca. Y ahora ese sentido de derecho que rompe las convenciones está formando la base de su defensa en sus casos legales.

En el caso federal de subversión electoral, por ejemplo, el equipo de Trump argumenta que los esfuerzos del expresidente por anular las elecciones entraban en el ámbito de sus funciones oficiales y que, por tanto, es inmune a ser procesado por actos que tuvieron lugar mientras ocupaba el cargo. El fiscal especial Jack Smith ha contraatacado, argumentando que esto significaría que un presidente en ejercicio podría comportarse de forma ilegal de múltiples maneras sabiendo que está libre para siempre de ser procesado.

En el cargo, Trump argumentó con frecuencia que no podía haber controles sobre su comportamiento. «Cuando alguien es el presidente de Estados Unidos, la autoridad es total, y así es como tiene que ser», dijo Trump en una sesión informativa sobre el coronavirus en la Casa Blanca en abril de 2020. Y en un discurso en Washington en 2019, afirmó falsamente que una Constitución escrita específicamente para evitar la omnipotencia monárquica le otorgaba autoridad total. «Tengo un Artículo II, en el que tengo derecho a hacer lo que quiera como presidente», dijo.

Pero los argumentos constitucionales a medias de Trump sugieren que si vuelve a ganar la presidencia en noviembre de 2024, un segundo mandato que ha prometido que sería sobre «retribución» sería aún más anárquico que el primero. Ya ha advertido que utilizaría el sistema legal para perseguir a sus enemigos.

«No habrá barreras de protección», dijo el domingo a Jake Tapper de CNN en «State of the Union» la exrepresentante Liz Cheney, una republicana de Wyoming que sacrificó su carrera por oponerse a Trump.

Por ahora, Trump está comprobando que existen barandillas en el sistema legal. Pero si vuelve a ser presidente, se acabaron las apuestas.