La justicia de EE UU asestó el jueves un varapalo al núcleo económico de la agenda de Trump al paralizar los aranceles generales y unilaterales del 10% a todas las importaciones, más los especiales para China, Canadá y México.
El Tribunal estadounidense de Comercio Internacional considera esas medidas ilegales porque Trump se ha excedido en sus competencias ejecutivas.
Las leyes federales, argumentan los magistrados, no otorgan una autoridad ilimitada al presidente para imponer aranceles a capricho; menos aún apelando a la emergencia económica.
La anulación iba a tener efecto inmediato, pero un tribunal de apelaciones federal de Washington paralizó la decisión horas después, restituyó los aranceles de forma cautelar y dio un plazo de alegaciones a las partes.
La reacción furiosa de la Casa Blanca (su principal asesor político habló de “tiranía judicial”) está a la altura de la carga de profundidad que la decisión original, tomada por unanimidad, supone para la política de comercio intimidatorio de Trump, sobre la cual descansan todas sus promesas de prosperidad económica y revitalización de la industria.
El embrollo no contribuye a corto plazo a reducir la incertidumbre.
La Casa Blanca anunció que está dispuesta a recurrir al Tribunal Supremo, con el argumento de que quien tiene potestad para decidir qué es o no una emergencia nacional es el presidente.
La sentencia no invalida ni los aranceles del 25% sobre las importaciones de acero, aluminio y automóviles, ni los planeados sobre productos farmacéuticos, semiconductores, cobre y madera.
Los jueces afirman que los aranceles que pueden imponerse apelando al déficit comercial tendrían que ser temporales (150 días) y limitados a un máximo del 15%.
