De acuerdo con el periodista Joshua Goodman, las propiedades tienen un valor de 6,2 millones de dólares e iban a ser usadas para «satisfacer un juicio ganado por el hijo de un diplomático colombiano asesinado» por el grupo subversivo.
La Ley Antiterrorista de Estados Unidos permite que las víctimas estadounidenses de organizaciones terroristas extranjeras busquen daños y perjuicios en los tribunales de los EE. UU. incautando los activos de los grupos terroristas.
En este caso, los agraviados usaron la sentencia de un juez federal que calificó a Gorrín como «instrumento de las FARC».
