En abril de 2022, el juez federal Gustavo Villanueva declaró procedente la extradición de Federico Fred Machado a los Estados Unidos por narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico. Sus consortes de causa serían presuntos miembros del Cártel de Sinaloa.
El empresario argentino estuvo en prisión domiciliaria hasta esta semana, cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó su extradición al país del norte.
En el juicio de extradición, celebrado el 7 de abril de aquel año, 2022, participaron —de manera presencial o virtual— el magistrado, el requerido, sus abogados Roberto Rallin y Francisco Oneto, el fiscal Miguel Palazzani, un representante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y el fiscal a cargo de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional, Diego Solernó.
Los policías de Seguridad Aeroportuaria (PSA) arrestaron a “Fred” el 16 de abril de 2021, apenas pisó el aeropuerto de Neuquén, antes de abordar un vuelo con destino a la Ciudad de Buenos Aires.
Con la alerta roja de Interpol en la mano, uno de los uniformados le informó que, desde ese momento, quedaba detenido en la cárcel de Bariloche a la espera de su extradición a Estados Unidos por esa serie de delitos.
Al principio, los defensores —además de plantear algunos reparos para ganar tiempo— también pretendieron que su cliente pudiera seguir el proceso en libertad, pero tanto el juez de instrucción, como los de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca y de la Cámara Federal de Casación Penal, rechazaron el pedido por peligro de fuga.
Y no lo resolvieron en potencial: lo justificaron ampliamente.
Recordaron que el juez estadounidense solicitó la alerta roja de Interpol luego de que “Fred”, aprovechando justamente la libertad bajo fianza, se escapara del país.
Es decir, “la orden de captura se vincula a la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos ante el tribunal de Texas”.
A “Fred” Machado, el fiscal estadounidense Nicholas J. Ganjei lo relacionó con una asociación ilícita que estafó a inversores en la compra de aviones por 250 millones de dólares, de los cuales ocho terminaron decomisados o caídos con 10.722 kilos de cocaína en Colombia, Venezuela, Honduras, Guatemala, Belice y México, y dos de esos narcojets estaban al servicio del Cártel de Sinaloa.
El narcojet más emblemático fue el decomisado en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en la frontera de Guatemala con México.
Un exfuncionario mexicano, tres compatriotas, un expolicía costarricense y los guatemaltecos Emanuel López López y Víctor López Mendoza se enfrentaron el 16 de diciembre de 2019 con las fuerzas federales.
Se trataba de la banda de “los primos del cártel”, por el parentesco entre los López. Víctor, el jefe, fue abatido.
Las autoridades guatemaltecas informaron que el operativo terminó con los otros arrestados, 2.572 kilos de cocaína asegurados y una nueva pista sobre los aviones de Machado.
De manera extraña, el juez del caso, Waldo Alvizurez Ruano, ordenó siete meses después la excarcelación de los acusados, sin tener en cuenta el riesgo de fuga de los seis extranjeros sin arraigo en el país.
Aún más sorprendente fue que un sicario, apoyado por un cómplice en una moto, ejecutó a quemarropa al magistrado el 21 de octubre de 2020 mientras conversaba con tres abogados en un restaurante en Petén.
Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del local.
Como reveló el portal Encripdata, el fiscal Ganjei obtuvo información que vincula a Machado con César Gastelum Serrano, alias “La Señora”, un confeso narcotraficante que habló sobre Joaquín “Chapo” Guzmán Loera en el denominado “juicio del siglo”.
Carlos Forte
Editor general de Tribuna de Periodistas