Colombia vive hoy una crisis política y judicial que amenaza con alterar de manera irreversible su sistema democrático.
El asesinato del candidato presidencial MIGUEL URIBE TURBAY y el encarcelamiento del expresidente ÁLVARO URIBE marcan un antes y un después en la historia reciente del país.
Estos hechos, lejos de ser aislados, replican patrones ya vistos en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, donde el castro-comunismo y el “socialismo del siglo XXI” han utilizado la persecución judicial, el asesinato de reputaciones, el chantaje político y la violencia institucionalizada como armas para neutralizar a la oposición.
Este modelo no es un fenómeno nuevo en América Latina, sino una estrategia transnacional que combina crimen organizado, control judicial, violencia política, fraude electoral, campañas de difamación y propaganda sectaria para consolidar regímenes autoritarios.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la dictadura cubana ha exportado su metodología a gobiernos aliados, convirtiendo a grupos narco-terroristas como las FARC, en actores políticos legitimados, incluso en contra de la voluntad popular expresada en el plebiscito de 2016.
En ese contexto, Colombia estaría siguiendo la misma ruta de cooptación institucional.
La persecución política judicializada, no se limita a encarcelar opositores, sino que busca destruir su reputación y sembrar miedo en la sociedad.
Casos como el de Fernando Villavicencio en Ecuador, Óscar Pérez en Venezuela o Marco Aramayo en Bolivia evidencian que el socialismo del siglo XXI también recurre al asesinato físico, incluso fuera de las fronteras nacionales.
Casos históricos y muertes misteriosas en Cuba Comunista como las de Frank País, Camilo Cienfuegos, Félix Pena, Orlando Zapata Tamayo, Pedro Luis Boitel y Oswaldo Payá Sardiñas, para sólo mencionar algunas, son claras evidencias de la mano negra y criminal de estos aparatos del totalitarismo.
En todos estos episodios, la impunidad ha sido la norma, con autores intelectuales sin identificar o reconocidos y nunca procesados.
Organismos internacionales y ONG de derechos humanos registran centenares de presos políticos en la región: más de mil en Cuba Comunista y miles en Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
A esta lista se suman ahora ÁLVARO URIBE en Colombia y JAIR BOLSONARO en Brasil, como víctimas de sentencias infames dictadas por jueces al servicio de intereses políticos.
Estos jueces verdugos son tan responsables como quienes ejecutan actos de violencia física, al violar los derechos humanos bajo el amparo supuesto de la ley.
Hay que mirar el bosque, lo que ocurre en la región, porque lo que ocurre en Colombia no es un fenómeno local.
Colombia estaría en la fase final de un proyecto para transformarla de una democracia para-dictatorial en una dictadura plena.
La elección del próximo año podría ser el punto de no retorno si no se detiene este proceso.
La experiencia de otros países de la región muestra que, una vez consolidado este modelo autoritario, la recuperación de la democracia se convierte en una tarea titánica y prolongada.
La historia reciente de América Latina es un espejo donde Colombia podría ver reflejada la pesadilla totalitaria de su futuro inmediato.