La ofensiva contra la inmigración ha sacudido a comunidades de todo el país.
Quizás en ningún otro lugar esto sea más evidente que en el condado de Miami-Dade, donde varias ciudades se han comprometido a colaborar con las autoridades federales en la aplicación de las leyes migratorias, poniendo en alerta a muchos extranjeros.
Las empresas de Miami están siguiendo de cerca el asunto, afirmó Alfred Sánchez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Gran Miami.
Señaló la preocupación de algunos de los 1400 miembros de la Cámara por las consecuencias de los cambios en las políticas migratorias para sus trabajadores y, a su vez, para sus operaciones comerciales.
Para evaluar la percepción de las empresas locales, la Cámara del Gran Miami y la Universidad Internacional de Florida han publicado una breve encuesta anónima que mide la opinión de los negocios locales al respecto.
Sánchez afirmó que su organización quiere «obtener una primera visión real del impacto actual y de cómo se espera que sea mañana».
Estos datos ayudarán a las empresas a comprender la percepción de la comunidad, afirmó, y añadió que también podrían ser informativos para los legisladores.
Los inmigrantes representan el 60% de la fuerza laboral de Miami-Dade.
Más del 40% de la comunidad inmigrante local —que suma aproximadamente 1,47 millones de personas— no tiene ciudadanía estadounidense, según datos de la Oficina del Censo de EE. UU.
Tienen residencia permanente o visas, algún estatus de protección o se encuentran en el país sin documentos.
Los datos del censo muestran que los no ciudadanos constituyen más del 20% de la población adulta total de Miami-Dade.
Pero las recientes propuestas de la administración Trump, incluido un esfuerzo para despojar del estatus de protección a medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, podrían hacer que decenas de personas pierdan sus permisos de trabajo.
“Lo que es legal hoy puede no serlo mañana”, dijo Sánchez sobre las inquietudes de sus miembros respecto a la inmigración, “y todos los que trabajan legalmente pueden perder repentinamente su estatus”.
Peter Dyga dirige la Asociación de Constructores y Contratistas de la Costa Este de Florida, una de las asociaciones de constructores más grandes de Florida.
Hasta el momento, no ha recibido mucha atención de sus miembros, muchos de los cuales son grandes empresas.
Una ley estatal de 2023 obligó a las empresas con 25 o más empleados a verificar la situación legal de sus trabajadores.
«Simplemente estamos más preparados porque ya pasamos por eso», dijo Dyga, señalando que muchos de los miembros de su asociación ya han eliminado a los trabajadores indocumentados de su plantilla.
Sin embargo, añadió, la mano de obra de la industria de la construcción se vería afectada negativamente si la administración Trump cumple con su reciente promesa de deportar a más de 20 millones de personas.
Como industria, la construcción ha sido durante mucho tiempo uno de los principales motores del crecimiento económico del sur de Florida.
Según Pew Research, la fuerza laboral indocumentada de Florida asciende a 625,000 personas, la tercera más grande del país, después de California y Texas.
Esto representa casi el 8% de la fuerza laboral total de Florida.
Estos trabajadores están más presentes en los sectores de la construcción, la agricultura y los servicios.
En caso de un programa de deportación más generalizado, estos sectores serán los más vulnerables, afirmó Romy Moreno, subdirectora de Florida de la Coalición de Inmigración Empresarial de Estados Unidos, un grupo bipartidista que promueve la reforma migratoria.
Pero las preocupaciones de una empresa podrían tener tanto que ver con su tamaño como con su sector.
Moreno cree que las empresas más pequeñas, que no han estado sujetas a los mismos requisitos de verificación que sus contrapartes más grandes, podrían tener más trabajadores indocumentados en su nómina, lo que podría dejarlas más expuestas.
Este año, la Cámara de Representantes de Florida consideró un proyecto de ley, HB 955 , que habría requerido que todos los empleadores privados, incluidos aquellos con menos de 25 empleados, verificaran el estatus legal de sus trabajadores.
Si bien los senadores estatales no aprobaron el proyecto de ley Sánchez dijo que podría haber tenido un impacto descomunal en las empresas más pequeñas con menos recursos para reemplazar a los trabajadores capacitados perdidos por la deportación.
A pesar de esas preocupaciones, Moreno dijo que muchas empresas de su red tienen miedo de hablar.
“Tenemos unos 200 miembros”, comentó. “No quieren hablar públicamente” sobre cómo les afectan las políticas migratorias federales y estatales “porque no quieren ser castigados”.
Esta cautela surge a medida que la administración Trump ha puesto en la mira a empresas privadas, incluyendo varios importantes bufetes de abogados , a las que considera hostiles.
La encuesta de la Cámara del Gran Miami busca mitigar esos temores permitiendo que los encuestados respondan de forma anónima.
«Intentamos eliminar el mayor número posible de obstáculos para la participación», afirmó Sánchez.
Todo esto, enfatizó, se trata de recopilar datos y reducir la especulación.
Luego, con las cifras, «la gente puede hacer algo al respecto».
Max Klaver