Este robo millonario, realizado de forma cuidadosa y por personas que conocían a fondo el sistema de seguridad, revela una debilidad que cuestiona la integridad de una de las instituciones más resguardadas del Perú.
El delito comenzó poco después de que las 347 computadoras, adquiridas por un valor total de 1.3 millones de soles como parte de un proyecto de modernización tecnológica, fueran trasladadas al almacén 401 en enero de 2024.
Allí, y posteriormente en el almacén 302, los equipos permanecieron intactos en sus cajas selladas.
Este largo periodo sin uso fue aprovechado por una red criminal, presuntamente integrada por trabajadores del mismo Poder Judicial, quienes desarmaron las computadoras, extrajeron los procesadores, las reensamblaron y las dejaron aparentemente intactas.
La operación se realizó de manera gradual y silenciosa, durante meses, hasta que en noviembre de 2024, al distribuir las computadoras a diversas cortes, los técnicos se percataron de que 108 equipos no funcionaban.
La inspección reveló que les faltaba la pieza clave: los procesadores.
Para agravar la situación, cámaras de seguridad que deberían haber registrado los hechos no mostraron evidencia del robo, lo que sugiere manipulación de los sistemas de vigilancia.
