Durante varios meses, miembros de la a Asociación de Propietarios de la Comunidad de Hammocks, que reúne a más de 6.500 viviendas, se quejaron de supuestas irregularidades fiscales y prácticas cuestionables en la elección de los miembros de la junta directiva, así como el aumento de 400% a las cuotas mensuales de mantenimiento y servicios.
«Propones tener una ley estatal que provea más autoridad sobre estos problemas. En este momento, solo hay autoridad del departamento de construcción y regulación profesional sobre las elecciones, nada más.
Por lo tanto, se necesitan algunos requisitos de auditoría, algunos controles y equilibrios. Necesitamos especialistas que investiguen estos casos tan complicados», señaló Fernández Rundle.
“Las grades asociaciones de propietarios deben ser reguladas”, subrayó.
Antecedentes
Durante años, varios legisladores estatales han propuesto regulaciones y leyes que atenderían las quejas de miembros de asociaciones de propietarios y condominios, que a cambio del pago de una mensualidad reciben ciertos beneficios de limpieza, protección y amenidades comunitarias como canchas de tenis, piscinas o parques.
No obstante, hace apenas cinco años se pudo adoptar una norma, bajo el impulso del entonces senador demócrata José Javier Rodríguez, que regula en parte las actividades de asociaciones de condominios y provee fondos muy limitados para investigar irregularidades.
“Ha sido una larga batalla”, señaló el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates.
De hecho, aquella ley creó la oficina supervisora Business & Professional Regulations, con sucursal en 8240 NW 52 Terrace, Suite 303, en Doral, adonde propietarios de condominios en Miami-Dade pueden llevar sus quejas o inquietudes sobre la administración de sus asociaciones.
No obstante, el alcance de las funciones de esa entidad estatal es muy limitado, dado el bajo presupuesto asignado que restringe el número de empleados y supervisores.
“No entendemos por qué es tan difícil legislar una ley que regule adecuadamente las operaciones de asociaciones de viviendas que imponga sanciones penales por manejos indebidos de los fondos recaudados, fraude electoral y conflictos de intereses”, apuntó.
A medida que se acerca el próximo período legislativo estatal, que debe comenzar el 10 de abril, nuevas propuestas de leyes podrían ser presentadas.
Sin embargo, hasta el momento, se desconoce de la existencia de algún proyecto regulatorio por presentar.
“Urge ayudar a los propietarios de condominios y asociaciones de vecinos”, reclamó el abogado Martínez, quien además calificó de “cuestionable” el manejo de las elecciones de miembros de las juntas en muchas asociaciones.
“Lo que sucedió en Hammocks puede estar sucediendo en cualquier lugar: aumentos indiscriminados de tarifas y manejos cuestionables de fondos”, subrayó.
“Escuchamos a diario quejas sobre pagos adicionales de 100 y 200 dólares, además de los 200 o 300 que deben pagar cada mes, para supuestamente arreglar «algo» que presuntamente fue reparada un año antes”, manifestó.
JESÚS HERNÁNDEZ Diario Las Americas