Corte de EEUU pide confiscar el avión venezolano-iraní retenido en Argentina

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó al país una orden para el decomiso de la aeronave Boeing 747-300M de la empresa venezolana Emtrasur, que se encuentra en Ezeiza desde el pasado 6 de junio. El reclamo estipula que el vehículo anteriormente perteneció a iraní Mahan Airlines, empresa sancionada por Washington, por lo cual no debió ser vendida a terceros.
La Corte del Distrito de Columbia (EE.UU.) pidió este martes a las autoridades argentinas la confiscación del avión venezolano-iraní retenido en el país desde junio y objeto de investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
El tribunal accedió así a la petición formulada por el Departamento de Justicia de EE.UU., que solicitó una orden para que la aeronave Boeing 747-300M sea entregada al Gobierno norteamericano.
La justificación de la reclamación por parte estadounidense es que fue una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio de EE.UU. la que transfirió el avión a un tercero, algo prohibido precisamente a efectos de la sanción.
Los cinco tripulantes del avión, que todavía no habían regresado, llegaron el pasado viernes a Venezuela, tras cuatro meses en Buenos Aires, mientras la aeronave permanece en el país austral.
El juez federal Federico Villena consideró que no existió evidencia suficiente para procesar a los tripulantes del avión de Emtrasur por el delito de financiación de actividades terroristas.
Estos cinco tripulantes eran los últimos de una lista de 19 personas, -5 iraníes y 14 venezolanos- que el 6 de junio pasado ingresaron a Argentina en la aeronave Boeing 747-300 de matrícula YV3531.
La primera docena de liberados llegó a Venezuela el 16 de septiembre y dos más el pasado día 30, en medio de peticiones para que el resto pudiera salir del país.
La aeronave, propiedad de Emtrasur -filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)-, fue retenida en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, en la localidad de Ezeiza, el 6 de junio, para ser investigada.
Desde entonces, el Gobierno venezolano rechazó la retención, que calificó de «secuestro», y exigió la puesta en libertad de la tripulación.