America Latina

Una semana después de la elección de Donald Trump, el presidente Xi Jinping viajó a Latinoamérica por tercera vez en tres años para enviar un claro mensaje: China quiere ser el principal aliado de la región. “Si compartimos la misma voz y los mismos valores, podemos conversar y admirarnos sin importar la distancia”, prometió el líder asiático ante la presidenta chilena, Michelle Bachelet, en Santiago. A poco de cumplirse el primer año de Trump en la Casa Blanca, el Gobierno de EE UU está en retirada del plano internacional, cuestionando alianzas y rompiendo acuerdos. En América Latina, China, que desde hace más de 10 años es un importante socio comercial, aumenta ahora su influencia política, cultural y social para ocupar el vacío creado por la falta de estrategia estadounidense.

 

Trump llegó a la Casa Blanca aupando una retórica nacionalista y proteccionista en el ámbito comercial. Latinoamérica observó el carácter impredecible de un nuevo presidente anti-establishment con incertidumbre. Pero en menos de un año, el presidente estadounidense ha confirmado su lealtad a su agenda anti-globalización de “América Primero”. Trump ha retirado a EE UU del Acuerdo de París —al que están suscritas todas las naciones del mundo— y del Tratado comercial con el Pacífico (TPP) con países asiáticos y latinoamericanos. El presidente también ha amenazado con poner fin al Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y Canadá. Con estas y otras decisiones, Trump ha distanciado a EE UU de su posición hegemónica mundial y forzado a sus socios tradicionales a buscar y reforzar otras alianzas. “Siempre pondré a América primero, no podemos seguir participando en acuerdos en los que EE UU no obtiene nada bueno”, afirmó el republicano en la Asamblea General de la ONU.

Más allá de las repetidas sanciones contra el Gobierno de Venezuela el retroceso en los pactos comerciales, la nueva Administración no ha establecido una estrategia de aproximación hacia sus vecinos del sur ni asignado todavía los diplomáticos de los puestos clave en el Departamento de Estado. EE UU, en sus pocas referencias a Latinoamérica, ha centrado su discurso en la dureza contra la inmigración y el narcotráfico. En agosto, el vicepresidente Mike Pence trató de suavizar las señales que Washington envía con una breve gira por cuatro países. Pese a haber hablado por teléfono con la mayoría de presidentes, Trump ha optado por Europa, Oriente Medio y Asia en sus primeras salidas internacionales.

 

El viaje de Jinping, cargado de simbolismo, sugirió una aceleración por profundizar las relaciones entre Latinoamérica y su país, que desde hace 15 años ha incrementando exponencialmente su inversiones en la región. En ese tiempo, el gigante asiático ha multiplicado por 22 veces el volumen de su comercio con los países de la región. En 2016, invirtió cerca de 90.000 millones de dólares en los países del área. China es ya hoy el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú. Pero su huella en América Latina ya sobrepasa los ámbitos económicos.

“Ahora China trata de conseguir influencia política. Cada vez consigue penetrar más las esferas académicas, culturales, sociales así como la prensa. Tienen miles de iniciativas para conectar con élites y personas de influencia, por ejemplo líderes de opinión, diplomáticos, periodistas, para atraerles a una visión positiva de China”, afirmó esta semana el investigador y periodista Juan Pablo Cardenal en una conferencia organizada en Washington por el think-tank Americas Society, Council of the Americas. Otros no lo creen así. “Solo quieren negocios, materias primas y comercio”, defendió el exembajador mexicano ante China, Jorge Guajardo.

Sin embargo en los últimos años, el Gobierno chino y sus agencias han impulsado iniciativas alejadas del ámbito comercial. “Invitan a gente a China para participar en conferencias, exponer una imagen benévola de su régimen, y les ‘convierten’ en embajadores de facto del Gobierno chino. A menudo se leen columnas de opinión en medios de la región que emulan el discurso promulgado del Partido Comunista de China”, explicó Cardenal, que ha investigado la influencia de China en más de 40 países.

Hace un año Jinping anunció que en los próximos años su Gobierno dará la bienvenida a más de 10.000 jóvenes líderes, 500 periodistas y hasta 1.500 representantes políticos para participar en jornadas. China ha creado Institutos Confucios en universidades de nueve países, para promover el aprendizaje del chino y la cultura del país, y programas de intercambio para estudiantes. Pese a que en China hay poca libertad de prensa, el país y Latinoamérica han forjado una estrecha cooperación que cada año celebra un congreso con los principales actores de los medios de comunicación de la región. “Las asociaciones, las empresas y el Gobierno chinos reman en la misma dirección: quieren favorecer los objetivos nacionales estratégicos del país”, afirmó Cardenal.

Otras iniciativas son más explícitas. Panamá, un socio tradicional de EE UU, reactivó en junio sus relaciones diplomáticas con Pekín y en noviembre, durante una visita del presidente de tres días, abrió su embajada en la capital china. Ambos países firmaron hasta doce acuerdos, algunos de los cuales están dedicados a la promoción cultural y el turismo.

Lejos de ralentizarse, el auge de China en Latinoamérica es observado como un fracaso de la política estadounidense, según señalaron los expertos. La entrada de lleno del gigante asiático en la urbanización geográfica de EE UU es un motivo de preocupación y una señal de la pérdida de la hegemonía estadounidense. Con la posible finalización del TLC, para muchos un acuerdo vital de la economía de EE UU, China ya se ha perfilado como una alternativa para México. De ocurrir, su sombra asomaría por la frontera sur, aquella que Trump quiere proteger con un muro.

NICOLÁS ALONSO

 

El segundo escrutinio especial con 4.753 actas por un presunto «fraude» denunciado por la Alianza de Oposición contra la Dictadura que lidera Salvador Nasralla, finalizó este domingo con ventaja para el candidato del gobernante Partido Nacional y presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

El recuento de actas electorales, que se inició el jueves, finalizó hacia las 03.00 horas locales (09.00 GMT) con el 50,11%de los votos a favor de Hernández y el 31,54% para Nasralla, según el último informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en su página web.

El segundo escrutinio fue hecho con observadores nacionales que representan a diversos sectores sociales, en presencia de observadores de misiones electorales de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), informa Efe.

Según el magistrado presidente del TSE, David Matamoros, el resultado del escrutinio «es sumamente consistente». «Las variaciones son mínimas, lo cual indica que los miembros de las mesas el día de las elecciones hicieron un trabajo muy bueno, un trabajo de primera calidad», señaló en declaraciones recogidas por «El Heraldo». Matamoros concluyó: «Al final se demuestra que las actas fueron bien hechas por representantes de los diez partidos».

Similar trabajo se hizo los pasados días 3 y 4 con otras 1.006 actas electorales, ante la denuncia de Nasralla en el sentido de que en 5.759 estaban los «votos del fraude» con los que desde el TSE le habrían «robado» el triunfo en las elecciones del 26 de noviembre.

El segundo escrutinio se hizo por recomendaciones de las misiones de observadores electorales de la UE y la OEA, que han venido acompañado el reñido proceso de elecciones del país centroamericano.

El viernes, Nasralla reiteró que no reconocerá los resultadosdel TSE y solicitó la nulidad de las elecciones en la fórmula presidencial.

La Alianza de Oposición convoca manifestaciones

Según el último informe del TSE sobre las elecciones, antes de los dos escrutinios especiales, Juan Orlando Hernández obtuvo el 42,98% de los votos, mientras que Salvador Nasralla sumó el 41,38% de las 18.128 mesas electorales, que representan el 100%.

En paralelo al segundo escrutinio especial, el TSE trabaja en las impugnaciones, dos para la fórmula presidencial y más de un centenar en las de diputados y alcaldías, que terminaron de ser presentadas en las últimas horas del viernes, cuando venció el plazo para ello.

En rechazo al «fraude», la Alianza de Oposición ha anunciado para este domingo nuevas manifestaciones en todo el país, aduciendo que el ganador de las elecciones es Nasralla.

Se presume que con el segundo escrutinio especial quedará definido el presidente electo de Honduras, aunque para la declaración oficial, lo mismo que de los nuevos 128 diputados y 298 alcaldías municipales, el TSE tiene 30 días a partir de la fecha en que se celebraron las elecciones.

EFE

El conservador Juan Orlando Hernández resultó el ganador de las elecciones generales del pasado domingo 26 de noviembre en Honduras. Tras finalizar un exhaustivo recuento que ha durado más de una semana, Hernández, líder del Partido Nacional y presidente del país desde 2014, se convierte así en el primer mandatario que gobierna durante dos legislaturas seguidas en la historia reciente de Honduras. A pesar de que la Constitución prohíbe la reelección, la Corte Suprema permitió en 2015 que el presidente pudiera volver a presentarse a unos comicios que ha ganado por segunda vez.

Con el apoyo del 42,98% de los votos, Hernández obtuvo una escueta pero suficiente diferencia (algo más de 50.000 votos) sobre Salvador Nasralla, el líder de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, un movimiento de izquierda que cosechó el 41,39% de las papeleteas con el 99,98% de las actas procesadas. En el tenso recuento, en el que se han revisado los resultados de varias mesas para verificarlos, han participado observadores internacionales de países de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismos que por ahora no han denunciado negligencias por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Nasralla dice tener evidencias

No obstante, la oposición de izquierda de Nasralla ha calificado todo el recuento de votos como un fraude orquestado por el TSE, institución a la que acusa de actuar en favor de Hernández. El opositor asegura tener evidencias de que se han cometido trampas para ayudar la candidatura del actual presidente hondureño, aunque todavía no ha mostrado pruebas que evidencien sus denuncias. Es importante destacar que para Nasralla, un popular presentador de televisión en el país centroamericano, todo el proceso electoral ha sido un fraude desde que los tribunales permitieran que Hernández fuese de nuevo candidato a gobernar Honduras cuatro años más, un hecho insólito en la nación.

Protestas violentas

Las sospechas de la Alianza de Oposición sobre el recuento son tan fuertes, que el propio Nasralla rechaza los resultados oficiales y, por ello, se autodefine en su cuenta de Twitter como el presidente electo para el periodo 2018-2022. Además, convocó el domingo pasado una marcha para recorrer las principales calles de Tegucigalpa a la que acudieron miles de sus seguidores para mostrar el supuesto fraude electoral, a pesar de que el Gobierno ha establecido un toque de queda desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde para evitar manifestaciones violentas como las que ocurrieron hace una semana.

Con su segunda victoria electoral, Hernández planea dar continuidad a sus políticas que empezó a instaurar en 2014 que están centradas en poner freno a los dos mayores males que sufre el país: la elevada tasa de violencia -mediante una agresiva política de seguridad pública destinada acabar con las bandas de crimen organizado- y mejorar las malas cifras de empleo, ya que son estos dos factores los que han convertido a Honduras en uno de los mayores emisores de emigrantes a Estados Unidos en Centroamérica en los últimos años.

El mar se llevó el submarino argentino pero dejó un rastro sonoro. Los sensores que escuchan permanentemente los océanos en todo el mundo por cuestiones militares lograron registrar la explosión del submarino ARA San Juan, el mismo día en que se le perdió la pista, el miércoles 15. Pero el dato solo se confirmó este jueves, después de múltiples análisis. El casco puede estar sepultado en un abismo a 3.000 metros. Las esperanzas de encontrar con vida a sus 44 tripulantes son mínimas, por lo que las víctimas empezaron a lanzar críticas a los militares argentinos. La explosión de este buque de 1985 se detectó tanto desde EEUU como desde una organización de la ONU que registra actividades nucleares.

 

Nadie quería decirlo abiertamente, pero incluso algunos familiares se temían lo peor hace días. Después de una semana de intensa búsqueda, con 10 países implicados, no había ningún rastro del submarino. Los expertos insistían en que lo más llamativo de todo era que sus tripulantes no hubieran puesto en marcha ninguno de los múltiples protocolos de emergencia previstos. Nadie quería hablar abiertamente de explosión, pero estaba encima de la mesa porque era la única forma de explicar que se hubiera perdido todo contacto de forma repentina y que no hubiera dejado siquiera una boya o una bengala para avisar de que tenían problemas.

Se temía que la crisis del submarino, la peor que ha vivido Argentina y una de las más graves del mundo, sufriera una lenta agonía ante la ausencia total de noticias. Pero alguien puso una especie de punto final, aunque no será definitivo hasta que no se encuentren los restos del submarino. Los encargados de este triste cierre fueron los sensores colocados en el mar para detectar cualquier movimiento extraño, cualquier explosión, sobre todo por si pudiera tratarse de un ensayo nuclear no autorizado.

 
ARA San Juan
 

Argentina no detectó nada raro en sus aguas, pero sí EEUU y un organismo dependiente de la ONU. Pero tardaron una semana en comprobarlo y contarlo, y eso desató la ira de algunos familiares. Enrique Balbi, portavoz de la Armada, confirmó que habían recibido de esas dos fuentes la misma información. El miércoles, EE UU comunicó a Argentina que después de analizar todos los registros había detectado que hubo un ruido anormal en la zona donde desapareció el submarino el miércoles pasado. Esa “anomalía hidoroacústica” se registró cuatro horas después del último contacto con el submarino.

Pero faltaba la confirmación, que llegó el jueves. La Organización del Tratado de Prohibición Total de Pruebas Nucleares, con sede en Viena, que cuenta con una red de estaciones acústicas para verificar la no realización de ensayos nucleares, aseguró que ellos también habían notado ese ruido especial. “Se recibió un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión”, señala este organismo, que explicó que dos estaciones suyas detectaron "un evento impulsivo subacuático, una señal inusual en las cercanías de la última posición conocida del submarino argentino desaparecido". Todo coincide y apunta a una explosión del submarino.

Ese ruido quedó registrado el miércoles 15 a las 10,51 horas. Es el día del último contacto con el submarino, a las 7.00 de la mañana, en el que los oficiales comunicaron que tenían una avería eléctrica. Balbi ofreció una información aún más inquietante de la zona donde se detectó la explosión: "Está a 430 kilómetros del punto más cercano de la costa del Golfo San Jorge y en un radio de 125 kilómetros. Está muy cerca del talud, hay muchas variedades de profundidad, va desde los 200 metros hasta 3.000 metros". Esto es, el submarino, que aún no ha sido localizado, podría estar en un abismo marino. 25 barcos y 10 aviones de 10 países lo siguen buscando, pero ahora de una manera muy diferente, ante las escasas posibilidades de encontrar supervivientes. Según la Armada, podría tratarse de una implosión, y por eso tendría sentido que en todo este tiempo no haya aparecido ningún trozo del submarino pese al enorme dispositivo aéreo y marítimo desplegado.

Los familiares entendieron rápidamente el mensaje e interpretaron que tenían que pasar de la angustia al duelo. Luis Tagliapietro, padre de Damián, uno de los tripulantes, fue muy gráfico. “El jefe de mi hijo me confirmó que están todos muertos porque la explosión fue entre los 200 y 1.000 metros de profundidad hace una semana. Es básico, no hay mucha vuelta para darle. No hay ser humano que sobreviva a eso”. Otros fueron durísimos con los militares, les acusaron de mentirles, de jugar con las vidas de sus hijos, maridos, hermanos.

 

Muchos familiares están convencidos de que los militares sabían desde el principio que el buque había explotado y les dieron falsas esperanzas. Se sintieron engañados. En la última rueda de prensa del día, Balbi rechazó de plano esas acusaciones y reiteró que la Armada recibió la información de la explosión el miércoles por la tarde. "Si la Armada hubiese contado con esa información con anterioridad, hubiese dedicado todo el esfuerzo de búsqueda en esa zona desde el primer momento", dijo.

Las familias de los tripulante también culparon a la Armada por enviar a sus familiares a navegar en un buque de 1985, que había sido renovado para darle más años de vida.El militar Carlos Zavalla, ya retirado, que estuvo en Alemania supervisando su construcción durante casi tres años y fue su primer comandante, asegura que el buque podía seguir navegando. “Los submarinos se reparan, se actualizan, este tuvo una reparación grande hace dos años, estaba operando sin problemas”. Algunos familiares sin embargo empezaron a contar que había mucha inquietud entre los marinos por la edad del submarino.

Ruido político

El caso amenaza con convertirse en una crisis política. En la última semana hubo tensiones entre el Gobierno de Mauricio Macriy la cúpula militar, por lo que es posible que haya decisiones políticas fuertes. Los militares ocultaron parte de la información durante las primeras horas, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se enteró por la prensa de que había un submarino perdido. "Macri, con reflejos rápidos, visitó antes a los familiares que a las autoridades de la Armada. En cuanto al ministro de Defensa, le tocó una crisis de gran envergadura a los pocos meses de asumir el cargo. Pero las consecuencias políticas concretas recién se conocerán en los próximos días, a partir de que se encuentre el submarino. El Gobierno debería evitar intentos de trasladar culpas o responsabilidades entre la Casa Rosada, Defensa y la Armada. Si lo hacen, corren el riesgo de perder todos", dice Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoríay experto en temas de Defensa.

Pero el problema de fondo es otro. El estado de abandono de las Fuerzas Armadas argentinas del que hablan los familiares ya fue denunciado incluso por una aliada política de Macri como Lilita Carrió.Después de una terrible dictadura militar (1976-1983) que dejó una pésima imagen del Ejército en todo el país, y tras varias crisis económicas que han afectado a todas las estructuras del Estado, el gasto militar es de los más bajos de Latinoamérica: 0,9% del PIB, contra 1,6% de promedio regional y 3% de promedio mundial. "Esto se traduce en algo muy concreto: el 90% del equipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas tiene entre 30 y 50 años de antigüedad", dice Fraga. "Si tomamos el caso del submarino San Juan, se incorporó a la Armada hace 32 años y era uno de los buques más modernos. El nivel de accidentes en las tres Fuerzas ha estado por encima de lo normal y ello ha tenido que ver con la antigüedad del material y la limitación de recursos para mantenimiento y adiestramiento", agrega.

La falta de presupuesto se ha comprobado en la necesidad de acudir a buques de otros países con tecnología mucho más avanzada para tratar de localizar el submarino. Allí siguen en el mar, buscándolo, pero en tierras las esperanzas se han desvanecido.

  • Un juez procesa a la expresidenta argentina por presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a una mutua judía en 1994 y pide al Senado que vote despojarla de su inmunidad.

    Un juez procesó hoy a la expresidenta de Argentina y actual senadora Cristina Fernández por presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a una mutua judía de Buenos Aires en 1994 y pidió al Senado que vote despojarla de su inmunidad como legisladora para que pueda ser detenida.

    Según informó la agencia estatal de noticias Télam, el juez federal Claudio Bonadio tomó esta medida al considerar que la exmandataria puede entorpecer la causa, abierta por la denuncia por encubrimiento que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto en condiciones que todavía se investigan.

    El juez tomó esta medida al considerar que la exmandataria puede entorpecer la causa

    Bonadio dictó otros procesamientos, y varios de ellos con prisión preventiva, entre los que figuran el exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini y el sindicalista Luis D’Elía, que ya fueron arrestados, y otorgó la prisión domiciliaria al excanciller Héctor Timerman por su delicado estado de salud.

    Zannini fue detenido esta madrugada en Río Gallegos, capital de la sureña provincia de Santa Cruz, y D’Elía en su domicilio de la localidad bonaerense de Laferrere.

    Jorge “Yussuf” Khalil, referente de la comunidad islámica en Argentina, también fue arrestado.

    Nisman aseguraba que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutua AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.

    Tras la muerte del fiscal, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta a finales de 2016 y posteriormente unificada con otra por presunta traición a la patria, también con eje en el polémico acuerdo, y dirigida por Bonadio.

    Es así que por este expediente, en los últimos meses, los imputados ya debieron acudir a declarar como investigados ante el juez.

    “No tuvimos ningún otro propósito al suscribir el Memorándum de Entendimiento que lograr un avance mediante la toma de declaraciones a los imputados iraníes, única forma de que la investigación en curso saliera del punto muerto en que se encuentra”, expresó Fernández en un escrito presentado ante Bonadio.

    La exmandataria, implicada en múltiples causas judiciales, la mayoría por corrupción, obtuvo un escaño de senadora en los comicios legislativos del 22 de octubre y juró su cargo el pasado 29 de noviembre, lo que le otorga fueros parlamentarios y la imposibilidad de ser detenida.

    La Cámara Alta deberá decidir ahora si atiende la solicitud de Bonadio de despojar a Fernández de esos privilegios, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.

    La viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) acusa desde hace tiempo al Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, de usar el Poder Judicial para perseguir opositores y de querer un “Parlamento sumiso” donde los legisladores voten lo que los oficialistas quieren.

    El atentado contra la AMIA, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo ataque contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada de Israel, también sin esclarecer.

  • EFE

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha lanzado una purga de históricos del chavismo para barrer el dominio que tenían hasta ahora en la administración pública. Una campaña que ha comenzado con los responsables de la industria estatal petrolera, Pdvsa, y que se presenta bajo la bandera de la lucha contra la corrupción en la que muy pocos creen. Las destituciones –a veces seguidas de encarcelamientos– ya afectan a 65 gerentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Una purga que está liquidando a un chavismo histórico, cada vez más disidente, que todavía cree en el legado del difunto Hugo Chávez pero que está siendo barrido por los nuevos grupos de interés que se disputan el poder de Venezuela. Y es que, en paralelo a la caída en desgracia de esa «vieja guardia», crece el poder del Ejército que cada vez ocupa más áreas del poder público en el país.

Bajo la consigna de la anticorrupción, el madurismo ha liquidado a los representantes más visibles de ese nostálgico chavismo en retroceso, como el exzar de la industria petrolera y antiguo hombre de confianza de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, acusado de haberse embolsado durante diez años una fortuna de más de 11.000 millones de dólares que guardaría en paraísos fiscales. Ramírez, hasta ahora embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, fue destituido por Maduro, quien le exige que regrese de inmediato a Caracas para rendir cuentas, según Reuters. Ramírez también se encuentra en la lista negra de EE.UU. de altos cargos sancionados. Pero él no se rinde y sigue aferrado al cargo diplomático. El exembajador cayó en desgracia tras escribir un artículo criticando la ruina de la industria petrolera. A quienquiera que se atreva a criticarlo, Maduro le amenaza con «secarle», término utilizado por los brujos «paleros» afrocubanos.

Según el analista político, Vladimiro Mujica, tras estas purgas lo que se esconde es que «un grupo interno intenta desplazar a otro; un grupo estaba intentando hacer negocios sin hacer partícipe a los otros; así que se busca a unos chivos expiatorios para defender al régimen interna e internacionalmente».

El primo Salazar

Lo última estocada de Maduro fue encarcelar al primo de Ramírez, Diego Salazar, que era su mano derecha en los negocios del sector energético. Salazar, amante del lujo y la buena vida, pasó de ser un simple vendedor de seguros a controlar la cartera multimillonaria de los seguros de Pdvsa.

En paralelo, y para congraciarse con los militares, que son el principal sostén de su Gobierno, Maduro ha nombrado a cuatro militares en altos cargos de la Administración y de la gestión del crudo. El mayor general Manuel Quevedo es el nuevo ministro del Petróleo y presidente de Pdvsa; el exgobernador de Táchira, Vielma Mora, se convierte en ministro de Comercio Exterior; el exministro de Alimentación, el mayor general Carlos Osorio, se ocupa de la cartera de Transporte; y el general Ildemaro Villaroel fue designado ministro de Vivienda.

Con estos nombramientos, los militares toman el control total de la industria petrolera y de buena parte de las finanzas. En el resto de la administración pública los militares también controlan un 60% de los cargos.

Cuatro grandes grupos

Los grupos de poder se dividen entonces en 4 grandes sectores que se disputan el control del país:

-El primero de ellos lo encabeza Nicolás Maduro, que cuenta con el asesoramiento del español Alfredo Serrano Mancilla, personaje vinculado a Podemos.

-El segundo bloque lo encabeza Diosdado Cabello, quien pretende ser candidato a las presidenciales del próximo año, tal y como anunció en su programa televisivo «Con el mazo dando».

-Luego está el sector liderado por el vicepresidente Tareck El Aissami, que no esconde sus ambiciones, pero cuya falta de carisma y popularidad le restan posibilidades.

-Y el cuarto bloque de poder está en la cúpula militar que encabeza el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López que, aparte de sus funciones de Defensa, tiene el control de la empresa militar Camimber, la explotación del Arco Minero –un posible nuevo El Dorado– y el dominio creciente del petróleo, la agricultura y las finanzas.

La «casta»

El analista Carlos Tablante ha definido al cuarto poder militar como la «casta» que ha tomado el control del país sin haber disparado ni un tiro, como una «dictadura narcomilitar». Pero lo que más preocupa es que la industria petrolera, que aporta el 96% de los ingresos, esté en franca decadencia tras 18 años de chavismo. Su producción ha caído de 3 millones a 2 millones de barriles diarios y la nómina creció de 40.000 a 130.000 trabajadores.

El temor es que la industria del petróleo se hunda y dé la puntilla a los venezolanos. El nuevo presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, no tiene ninguna experiencia en la industria petrolera, pero ha prometido que colocará a sus compañeros de armas para ayudarle.

Así las cosas, el diputado Juan Guaidó, de Voluntad Popular, considera que deben ser juzgados por corrupción la directiva de Pdvsa y el propio Maduro.

Ludmila VinogradoffLudmila Vinogradoff

Cinco días sin noticias del submarino ARA San Juan. La incertidumbre se convierte en tristeza y el pronóstico comienza a inclinarse hacía la versión más dramática. Las preguntas de difícil respuesta se ponen en el tablero de la discusión. ¿Cuánto tiempo puede soportar un submarino sin subir a la superficie? ¿Los víveres son suficientes para aguantar hasta cuándo? ¿Puede la tripulación abandonar el buque con balsas salvavidas? En definitiva, ¿qué desafíos son los que tienen que afrontar estos 43 hombres y la oficial Eliana María Krawczyk, la mujer que embarcó con ellos en Usuhaia?

El capitán Gabriel Galeazzi aclaró que la última comunicación, el miércoles pasado, con el San Juan se produjo con «el buque en la superficie». Fue entonces cuando «comunicó que las baterías habían sufrido una avería por un cortocircuito. Por eso -añadió- el comando de las Fuerzas de Submarinos le dijo que cambiara inmediatamente la derrota (ruta) y fuera a Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Tras conocerse esta información, el escenario que se presenta no es bueno. El papel de las baterías es mucho más importante de lo que se podrían pensar. De estas depende que se puedan activar los tubos de oxígeno y permitan al «sistema atrapar el anhidrído carbónico que exhalan los tripulantes y absorber el oxígeno puro. De este modo, se renueva el ambiente y se evita el envenenamiento», explica en Infobae el perito naval Fernando Morales.

Las baterías únicamente se pueden recargar cuando el submarino logra estabilizarse en lo que se denomina «profundidad de snorkel», uno o dos metros bajo la superficie del agua. En ese estado se recurrre a un periscopio para renovar el aire necesario y recargarlas. Morales coincide con los portavoces de la Armada cuando advierte de que «en caso de que el submarino no pueda alcanzar esa superficie de snorkel para recargar las baterías, el tiempo de autonomía es de siete días».

«En condiciones habituales de navegabilidad -añade- el submarino podría pemanecer debajo del agua al menos 90 días. Se manejen las variables de la capacidad de combustible, el agua, los alimentos y también el oxígeno». Pero en ese lapso de tiempo se incluyen, al menos, «un par de subidas a superficie y que las baterías estén en perfecto estado». Algo que, ahora se sabe, falló en el San Juan.

Enrique Balbi, portavoz de la Armada, estima que el avituallamiento previsto les podría alcanzar para «quince días más los estipulados de viaje».

Otros desafíos, si el submarino sigue operativo aunque incomunicado, son los emocionales. La convivencia en un aparato de escasas dimensiones puede resultar agobiante en condiciones normales, pero en extremas todo se agrava. La oficial Eliana María Krawczyk, responsable del armamento a bordo y primer mujer oficial en un submarino de Sudamérica, recordaba hace unos meses, en el mismo medio digital (el de mayor visitas de Argentina) que ella vivía con normalidad «compartir camarote con otros dos compañeros».

El comandante Carlos Zavala, primero en ponerse al mando y surcar las aguas con el ARA San Juan, recuerda: «Vivir bajo el agua implica acostumbrarse a vivir en una situación de aislamiento absoluto. De incomunicación pero lo primordial es no sufrir de claustrofobia». «La Marina -añade- tiene un gabinete psicológico que le hace un test a cada uno de los marinos antes de que formen parte de una tripulación de un submarino». En ese sentido, confía en la fortaleza de la tripulación.

Nunca antes en la historia de la Armada se habían encontrado frente a una crisis de esta naturaleza. Estar codo a codo las 24 horas del día no debe ser fácil, pero tampoco acostumbrarse a no ver la luz del sol, echar un vistazo al móvil o tener acceso a los medios de comunicación de masas. El esparcimiento, con el transcurrir de los días, también es un problema. «No hay lugar para hacer ejercicios. Y eso complica la situación», insiste el comandante Zavala.

Uno de los mejores submarinos

El ARA San Juan, de fabricación alemana, pese al manto de sospechas que se ha tendido en diferentes medios sobre las condiciones en las que navegaba, está considerado uno de los mejores submarinos. Por esta razón no terminan de encontrar una explicación a lo que está sucediendo.

Los sistemas de comunicación alternativos no funcionaron, las boyas no emitieron señal, tampoco hay rastros de las bengalas especiales para estas embarcaciones ni a vuelo de pájaro se descubrió en el sector rastreado manchas de aceite en el agua, propias del sistema de alerta para llamar la atención sobre su localización. Demasiados indicios de tragedia para seguir siendo optimistas. Aunque los marinos saben que la esperanza es lo último que se pierde.

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