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La mayoría de personas fallecieron por el derrumbe de edificios o postes, siete de ellas en La Habana

Las inundaciones y los fuertes vientos del huracán Irma se han cobrado al menos 10 muertes en Cuba, según anunciaron este lunes las autoridades de la isla. Fallecieron por el derrumbe de edificios y postes eléctricos o ahogadas ante el virulento avance del agua. Siete de las muertes tuvieron lugar en La Habana, donde el domingo se registraron olas de 11 metros de altura. Los daños estructurales han sido enormes: muchas zonas del país no tienen electricidad ni agua corriente.

“Han sido días duros para nuestro pueblo, que en solo pocas horas ha visto cómo lo construido con esfuerzo es golpeado por un devastador huracán”, dijo el presidente cubano, Raúl Castro, en un mensaje a la población publicado en el diario oficial Gramma. “Las imágenes de las últimas horas son elocuentes, como también lo es el espíritu de resistencia y victoria de nuestro pueblo que renace con cada adversidad”.

Castro anunció que la tormenta causó “severos daños” en Cuba, como “afectaciones en las viviendas, el sistema electroenergético y la agricultura”. También golpeó a polos turísticos, como Varadero y los cayos de la costa norte, pero el presidente aseguró que esas zonas serán recuperadas “antes del inicio de temporada alta”, que arranca en noviembre.

El turismo es la segunda fuente económica del país comunista, por lo que el impacto de Irma puede ser grave. El aeropuerto de La Habana no reanudará su actividad hasta el martes, el mismo día que reabrirán las universidades. El aeropuerto del turístico Cayo Coco fue totalmente destrozado, según informa la agencia Efe. Varias empresas españolas gestionan hoteles en esa zona costera.

Irma es el tercer huracán de los últimos años en número de víctimas mortales en Cuba. La tormenta Dennis, en julio de 2005, causó 17 muertes y Sandy, en octubre de 2012, 11.

Ante el recorrido devastador de Irma por el Caribe, 1,7 millones de personas, cerca de una quinta parte de la población cubana, habían sido evacuadas de zonas vulnerables del país. En La Habana, con dos millones de habitantes, fueron desalojadas 10.000 personas por la cercanía de sus casas al mar o el mal estado de las viviendas. Pero las precauciones no pudieron evitar que, con el azote del huracán, el agua se adentrara unos 300 metros por las calles más cercanas al malecón, creando improvisados canales urbanos.

Irma llegó el viernes a Cuba con máxima fuerza. Fue la primera vez desde 1932 que el epicentro de un huracán de categoría cinco, el mayor posible, tocó tierra en el país. En las horas posteriores, la tormenta fue perdiendo algo de fuerza mientras se enfilaba hacia Estados Unidos. 

El mayor impacto ocurrió en la región central de la costa norte de Cuba, especialmente en las provincias de Camagüey y Matanzas. El viento sopló a una velocidad de hasta 195 kilómetros por hora y generó olas de hasta nueve metros de altura.

En Varadero, el principal balneario turístico del país, los daños fueron menores de lo esperado. Había 18.000 turistas en la zona, la mayoría extranjeros. “Pasamos mucho, mucho miedo”, dijo a Efe Maxine, una inglesa de Leeds que se define como una “veterana en huracanes” porque estuvo de vacaciones en la isla durante el azote del ciclón Isaac en 2012, pero asegura que “nada” es equiparable a la furia del Irma.

“Todos los ingleses nos unimos con los cubanos para ayudar a limpiar la zona de la piscina. Los hombres levantaron las ramas para que así todo quedara limpio”, explicó la turista, que fue evacuada de su hotel junto a un grupo de más de una decena de amigos.

Precisamente, el operador de turismo Thomas Cook anunció este lunes de que llevará a cabo en los próximos días un plan de evacuación de Varadero de unos 2.350 viajeros procedentes de Reino Unido.

J.FAUS

El Gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado este sábado convocar elecciones adelantadas en Cataluña en un plazo de seis meses o "en cuanto se recupere la normalidad"; cesar al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al vicepresidente, Oriol Junqueras, y a todos sus consejeros; que la administración catalana actúe bajo las directrices de los distintos ministerios; y dar capacidad de veto al Ejecutivo central frente a cualquier iniciativa aprobada en el Parlament catalán, que seguirá abierto pero no podrá proponer candidato a la presidencia. La intervención de esas competencias concretas del Govern al amparo del artículo 155 de la Constitución debe ser aprobada ahora por mayoría absoluta en el Senado, que previsiblemente validará el plan gubernamental en un pleno extraordinario que se celebrará el próximo viernes.

El Gobierno ha decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución española en Cataluña para restaurar la legalidad; celebrar elecciones con normalidad; asegurar la neutralidad institucional; mantener el bienestar social y el crecimiento económico; y asegurar los derechos y las libertades de todos los catalanes, según ha enumerado Rajoy, que ha subrayado que "no se suspende la autonomía de Cataluña, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo".

"El Gobierno tuvo muchas oportunidades de aplicar antes el artículo 155, pero preferimos actuar con prudencia, responsabilidad y sentido común, intentando que se produjera una rectificación", ha dicho el presidente, que asume personalmente la competencia de disolver el Parlament. "No se pueden hacer peor las cosas que como las ha hecho en las últimas fechas la Generalitat de Cataluña", ha añadido Rajoy, que al optar por convocar elecciones en seis meses ha contentado a su partido, el PP, frente a Pedro Sánchez, el líder del PSOE, que le pidió que lo hiciera en enero. "No era nuestro deseo ni nuestra intención aplicar el artículo 155. Lo hacemos porque ningún Gobierno, de ningún país democrático, puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás", ha argumentado Rajoy durante una rueda de prensa en la que le han arropado todos los ministros de su Gobierno. Y ha recalcado: "Estas medidas han sido consensuadas con el PSOE y con Ciudadanos. Agradezco su apoyo, que no interpreto como un apoyo al Gobierno, que también, sino como un apoyo al Estado de derecho".

LOS MOSSOS, EN MANOS DE INTERIOR

El plan que le ha enviado el Gobierno al Senado para asumir competencias del Govern especifica que los Mossos quedarán bajo el control del Ministerio de Interior. De hecho, especifica que se dispondrá el cese del consejero de Interior, "y en su caso", de las autoridades dependientes, en referencia a Josep Lluís Trapero, el jefe de la policía autonómica.

"Los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno podrán acordar el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña, coordinando la actuación de los Mossos", establece el plan enviado por el Ejecutivo a la Cámara Alta. "En el caso de que sea necesario, los Mossos serán sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Y subraya: "[Si se cesa al jefe de los Mossos] el ejercicio de sus funciones corresponderá a los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno de la Nación".

Los representantes del Ejecutivo comparecerán en el Senado cada dos meses para dar cuenta de la gestión en Cataluña. El Gobierno aún debe decidir si crea un organismo colegiado para coordinar los trabajos del Govern, o nombra a un representante para desempeñar esa labor.

En un documento en el que resume las razones por las que aplicar el artículo 155, el Ejecutivo ha señalado directamente a Puigdemont y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al subrayar que considera que las "máximas autoridades gubernamentales y parlamentarias" de Cataluña han protagonizado un "incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado (...) a través de la puesta en marcha de un proceso de secesión". El equipo de asesores jurídicos de Rajoy observa una "desobediencia rebelde" en la acción de los dos líderes independentistas y de sus socios en el proceso de ruptura, toda una indicación de los posibles delitos en los que podrían haber incurrido las autoridades catalanas. Y por eso, argumentan en La Moncloa, la activación del artículo 155 de la Constitución se justifica en aplicación de sus dos presupuestos: que una Comunidad no cumpla con sus obligaciones o que actúe gravemente en contra del interés general de España.

La activación del artículo 155 de la Constitución solo cuenta con un precedente en la historia de la democracia española: en 1989, el Gobierno de Felipe González amenazó con su aplicación al de Canarias, pero logró frenar la rebelión fiscal de ese Ejecutivo autonómico antes de tramitar su puesta en marcha en el Senado.

Ahora, la tramitación de las medidas en la Cámara Alta, que durará casi una semana, abre la última ventana de oportunidad para que el conflicto institucional que enfrenta al Gobierno y al Govern se solucione sin la intervención de las competencias de la Generalitat. Tanto el PP, como el PSOE y Ciudadanos, los tres socios del frente constitucionalista, observan la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas como la mejor respuesta a la creciente tensión política, institucional y social que se vive en Cataluña. Puigdemont, en principio, rechaza esa opción y amenaza con declarar la independencia en el Parlament. Rajoy, además, ha recalcado este sábado que solo el Senado puede detener ya la aplicación del artículo 155. En consecuencia, la cuenta atrás ha comenzado: las medidas arbitradas por el Consejo de Ministros para asumir competencias concretas de la Generalitat tendrán plena vigencia en menos de una semana.

Anabel Diez/Juan Jose Mateo

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este jueves en una nueva carta a Mariano Rajoy que "si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión", el Parlament "podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10". Con ello el presidente catalán insiste en la idea de continuar adelante con su plan independentista al tiempo que reconoce que la semana pasada no se declaró formalmente la secesión. La respuesta del presidente de la Generalitat al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, lejos de abrir una puerta al diálogo no hace sino activar completamente la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución. 

Las medidas para implementar el 155 se aprobarán en un Consejo de Ministros extraordinario que se reunirá este sábado. El Gobierno ha constatado “a las diez horas de esta mañana, la negativa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont a atender el requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa comunidad autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado”, dice el comunicado de respuesta del Gobierno. La consecuencia es que continuará los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución “para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”.

Puigdemont no ha querido valorar en su misiva la oferta de diálogo en el seno del Congreso que le lanzó el Gobierno ni la posibilidad de convocar unas elecciones autonómicas para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución que restaría autogobierno a Cataluña. La carta va en la misma línea que la enviada el pasado lunes. Puigdemont destaca que el diálogo que pide debería traducirse en una reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

 

En su nueva carta, Puigdemont sí subraya explícitamente que en su comparecencia del 10 de octubre el Parlament "no votó" ninguna declaración de independencia y recalca que su "suspensión continúa vigente", antes de añadir: "Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar". Con estos argumentos la Generalitat intentará frenar, como mínimo unos días, la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución.

La prisión provisional por un presunto delito de sedición aplicada a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural es utilizada por Puigdemont para insistir en la idea de que el Gobierno no quiere una solución política para Cataluña. "Tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión. Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión del presidente de Omnium Cultural y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, entidades de acreditada trayectoria cívica, pacífica y democrática", dice la misiva.

Ante la finalización del plazo para contestar el requerimiento y la amenaza de la aplicación del artículo 155 de la Constitución con unas consecuencias imprevisibles, el Gobierno y el PSOE lanzaron el miércoles a Puigdemont un último salvavidas. Ambos se comprometieron a paralizar el mecanismo de intervención en Cataluña si el president convoca cuanto antes unas elecciones autonómicas que "restablezcan el orden legal". Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se entrevistó con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien prometió informar de las medidas concretas que adoptará si finalmente activa el 155.

El Consejo de Ministros extraordinario de este sábado “aprobará las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma”. El Gobierno agradece el apoyo de las distintas formaciones políticas “con las que está cerrando en estos momentos una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista”. Sendas delegaciones del Gobierno y del PSOE se reunieron a partir de las diez de la mañana, una vez conocida la respuesta de Puigdemont, para negociar estas medidas que también serán sometidas a la deliberación de Ciudadanos. El ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha leído el texto de respuesta del Gobierno en el Congreso, con alguna modificación.

 

Una intervención del 155 “muy muy limitada”

El PSOE de Pedro Sánchez quiere una intervención "muy muy limitada a la prestación de los servicios públicos, que no deben verse afectados en su funcionamiento" y durante el tiempo "más breve posible", como ha explicado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en comparecencia en la sede del partido en la calle Ferraz. El PSOE respalda la activación del 155 tras la respuesta de Carles Puigdemont, toda vez que "la democracia y el Estado de derecho no pueden ceder ante esa inadmisible amenaza" de votar una declaración unilateral de independencia, pero subraya que hasta que se aprueben definitivamente las medidas del 155 por el pleno del Senado están "abiertas todas las ventanas" para que el presidente catalán dé marcha atrás.

Miquel Iceta, primer secretario del PSC, considera que la “amenaza de declaración de independencia” anunciada por Puigdemont “hace inevitable que el Estado inicie los trámites para aplicar el artículo 155 de la Constitución”.

Fernando Martínez-Maillo, coordinador nacional del PP, ha abierto la puerta a que el Gobierno despoje al presidente de la Generalitat de la competencia que le permite decidir cuándo serán los próximos comicios autonómicos en Cataluña. "La facultad de convocar elecciones es de Puigdemont, hasta que deje de tenerla", ha advertido. Esa es una de las medidas que baraja el Ejecutivo en sus negociaciones con el PSOE y con Ciudadanos. Los tres integrantes del frente constitucionalista consideran que el adelanto electoral aliviaría la tensión del enfrentamiento institucional que mide al Gobierno y al Govern, aunque difieren en los plazos de su aplicación.

Pablo Iglesias se ha mostrado en contra de la aplicación del 155 porque en su opinión la consecuencia sería "echar más leña al fuego" a la crisis catalana. "Aplicar el 155 después de que no haya habido declaración de independencia supondría una involución democrática", ha afirmado el secretario general de Podemos, muy crítico con el denominado frente constitucional que forman PP, PSOE y Ciudadanos.

"Una democracia no puede aceptar chantajes. No aceptamos chantajes el 23-F, no aceptamos chantajes con el terrorismo y no aceptamos chantajes ahora", ha afirmado Albert Rivera. "No hay ninguna novedad", ha añadido el presidente de Ciudadanos, que ha criticado que la Generalitat no se ha movido de su posición en todas estas semanas y ha acusado al Govern de situarse fuera de la ley.

 Camilo S. Baquero/Anabel Diez

Con información de Elsa García de Blas, Pere Ríos, Juan José Mateo, José Marcos y J.J. Gálvez.

 

Madrid recordó el lunes al presidente catalán, Carles Puigdemont, que solo le quedan tres días para evitar el riesgo de una suspensión de la autonomía de su región, reprochándole su falta de claridad sobre si declaró o no la independencia.

El gobierno español está tratando de evitar el choque frontal con las autoridades de Cataluña, por lo que amplió el plazo hasta el jueves para que el presidente catalán aclare si declaró o no la independencia de esta región española.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría advirtió de nuevo que si Puigdemont no esclarece el asunto, el Ejecutivo aplicará el artículo 155 de la Constitución española que contempla la suspensión de cualquier gobierno autónomo que se aparte de la legalidad, tal como sería el caso de Cataluña.

"El gobierno lamenta que el presidente de la Generalitat haya decidido no contestar al requerimiento que le formuló el gobierno", dijo en conferencia de prensa Sáenz de Santamaría, reiterando que "sólo se le pide y se le pedía claridad".

 
 

"El señor Puigdemont tiene una oportunidad de rectificar, de ser claro, de volver a la legalidad y de formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país, en el Congreso de los Diputados", dijo Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta aseguró que las fuerzas independentistas más radicales parecen estar obligando a Puigdemont a seguir la estrategia de estirar al máximo la tensión.

Además de la conferencia de prensa de la vicepresidenta, Rajoy escribió este lunes al presidente catalán.

"Espero que en las horas que le quedan hasta el segundo plazo (...), responda con toda la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere", escribió el jefe del gobierno español.

A requerimiento de Madrid, Puigdemont envió una carta al gobierno español en la que pide el fin de la represión contra el pueblo catalán y solicita una reunión para llegar a acuerdos, pero no aclara para nada el asunto de la independencia.

El gobierno reaccionó con cautela, reiteró que para que haya diálogo, Cataluña tiene primero que regresar a la legalidad constitucional y alargó la prórroga hasta las 10.00 del próximo jueves (hora local) para que el gobierno catalán rectifique o se atenga a las consecuencias, según el ultimátum que, ahora sí, parece definitivo.

Con Luis Méndez, corresponsal de RFI en Madrid

Primero van las cifras de hectáreas quemadas, luego empiezan a aparecer cifras de víctimas y casas reducidas a cenizas, y cuando parece que ha pasado lo peor de la ola de incendios que ha azotado California, las autoridades empiezan a calcular la factura del desastre. La agencia estatal de seguros estimó este jueves en al menos de 100.045 millones de dólares la factura inicial para las aseguradoras. El balance de muertos se sitúa ya en 42 personas.

Entre el domingo 7 de octubre y el domingo pasado, una serie de fuegos, hasta 21 grandes incendios a la vez en algunos momentos, devastó más de 99.000 hectáreas en la que ya es la peor oleada de incendios de la historia del Estado. Lo peor se vivió en los condados de Mendocino, Sonoma y Napa, la rica zona vinícola a una hora al norte de San Francisco. Allí murieron 42 personas, según el recuento del jueves. Más de 53 siguen desaparecidas. Barrios enteros, especialmente en la localidad de Santa Rosa, fueron reducidos a cenizas en horas. California no había visto algo como las imágenes del barrio de Coffey Park: hileras de chalés pulverizadas, calle tras calle.

 

En total, los bomberos han acudido desde el día 8 de octubre a 250 fuegos nuevos en poco más de una semana. Más de 11.000 bomberos de todo el país han trabajado contra el fuego. En el peor momento de lo incendios, hasta 100.000 personas recibieron la orden de evacuación. Entre los fallecidos hay un trágico patrón, muchos son personas mayores a las que no dio tiempo a salir corriendo ante un fuego impulsado por vientos secos de 80 kilómetros por hora.

Las cifras del Comisionado de Seguros de California, que recogen las reclamaciones presentadas ante las ocho mayores aseguradoras del Estado, presentadas este jueves indican contabilizan 5.449 casas totalmente destruidas y 4.177 parcialmente dañadas, 601 estructuras comerciales dañadas y más de 3.000 coches. Solo en Santa Rosa han sido destruidas 2.800 casas. Equipos de rescate con perros especializados en localizar cadáveres examinan los escombros casa por casa. Todavía se consideran desaparecidas a 53 personas.

 

“Estos números son solo el principio de la historia de una de las más mortíferas y costosas catástrofes en a historia de California”, dijo en la presentación del informe el comisionado de Seguros de California, Dave Jones. “La trágica muerte de 42 personas y más de 100.000 millones en pérdidas de propiedades son números, detrás de esos números hay miles de personas que han quedado traumatizadas por una pérdida inimaginable. Debemos hacer todo lo que podamos para ayudarles a recuperarse y reconstruir”. La semana pasada, el comisionado Jones pidió a las compañías de seguros que den trámite a las reclamaciones urgentemente.

Alrededor de 15.000 personas permanecían aún fuera de sus casas este jueves, 10 días después de comenzar la oleada de incendios. Los tres mayores fuegos, todos entre Sonoma y Napa, estaban controlados entre un 73% y un 92%. Las próximas horas anuncian una bajada de temperaturas y quizá hasta algo de lluvia que ayude a terminar la crisis, pero el viento volverá a cambiar entre el jueves y el viernes de nuevo al interior.

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL

Donald Trump propone revivir el empleo manufacturero estadounidense a costa darle la vuelta por completo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), que regula los intercambios de Estados Unidos, México y Canadá desde hace casi un cuarto de siglo. Sin embargo, las propuestas de su Gobierno en la mesa de negociación —bajo la amenaza de liquidar el pacto firmado en 1994— fracasarían en su objetivo de regresar a unos EE UU manufactureros, debilitarían la posición estadounidense en el mapa global y empobrecerían a sus propios consumidores, según cuatro académicos consultados por EL PAÍS. Su rechazo interno es el as en la manga de mexicanos y canadienses; la mejor baza en una negociación que pasa por su momento más crítico. Estos son los tres escenarios posibles:

 

La cláusula de terminación automática del tratado entra en vigor. En el remoto escenario en el que tanto como México como Canadá aceptasen incluir en el nuevo TLC la extinción automática del mismo en cinco años si los tres socios no acuerdan antes lo contrario, el cambio no sería en absoluto beneficioso para la economía estadounidense. “Dañaría las perspectivas de crecimiento en los tres países”, pronostica Jeff Schott, del Peterson Institute for International Economics. “Ninguna cláusula de este tipo ha sido nunca incluida en ningún tratado comercial firmado por EE UU por la simple razón de que socavaría los beneficios económicos del mismo”, añade el académico estadounidense. “Añadiría incertidumbre para las compañías estadounidenses, golpearía a las cadenas de valor en América del Norte y no traería ningún beneficio para la economía de EE UU. Además de innecesaria, sería un sinsentido”.

“Es la propuesta más terrible, dentro de que todas lo son”, complementa Dany Bahar, especialista en comercio internacional de la Brookings Institution. “Su objetivo es desincentivar la inversión manufacturera estadounidense en México bajo la premisa de que volverá a EE UU y creará puestos de trabajo, pero no tiene en cuenta que muchas de las empresas que regresen automatizarán la producción y apenas contratarán”. Además, subraya Bahar, al encarecerse la producción por los mayores costos derivados de regresar a EE UU, golpeará el bolsillo de los consumidores de la primera potencia mundial y lastrará su economía. “El gran perjudicado sería el consumidor estadounidense, que vería bajar su poder de compra. Pero eso no parece importarle a nadie”. "Lo que esta visión pasa por alto es que la incertidumbre de la política comercial reduce el nivel general de inversión y comercio y, por lo tanto, los beneficios que aportan a los consumidores: precios más bajos y una mayor variedad de productos disponibles", zanja Tomasz Swiecki, profesor de la Vancouver School of Economics.

Contenido regional más alto en automóviles. Hace justo una semana, la primera potencial mundial se descolgó con la propuesta más temida para la industria automotriz mexicana, canadiense y también estadounidense: aumentar del 62,5% al 85% el porcentaje de componentes de un coche producido en la región para que cumpla las reglas del TLC y pueda así esquivar los aranceles. “Cualquier medida proteccionista, y esta lo es, distorsiona los mercados y retira incentivos para que la industria aumente su productividad. Si tienes un mercado altamente protegido, algo que hemos visto durante décadas en muchos países de América Latina, el sector terminar siendo altamente ineficiente”, resume Tony Payan, del Baker Institute.

“En EE UU los insumos son, por naturaleza, más costosos y cuando impones una cuota de este tipo necesariamente vas a encarecer el vehículo. Trump es consciente de que aumentarán los precios y disminuirá la capacidad de compra de los estadounidenses, pero esta es una decisión política y no económica”, añade Payan. Tanto él como Dany Bahar creen que la propuesta no creará más empleos. “Las automotrices estadounidenses encontrarían la manera de evitarlo”, augura el investigador del Baker Institute. Según un estudio reciente, el 38% de los componentes que montan los vehículos ensamblados en México son de origen estadounidense.

Porcentaje mínimo de insumos estadounidenses en la industria automotriz.La Casa Blanca quiere que al menos la mitad de los insumos que se utilizan para fabricar un coche en cualquiera de los tres países provenga de EE UU. El equipo de Trump cree que así garantizaría una mayor carga de trabajo en sus plantas de autopartes. “Pero un porcentaje fijo de contenido local va en dirección contraria al resto del mundo”, subraya Dany Bahar, de Brookings. “Y la premisa general de reducir el déficit comercial con México es una falacia: no tiene ningún sentido ese enfoque de EE UU, menos aún en un mundo que se ha globalizado aún más en estos últimos 23 años”, añade. “Lo que la negociación tiene que intentar es hacer más competitiva la región en su conjunto, y ahí las peleas sobre las reglas de origen son irrelevantes. Simplemente no es la discusión que tienen que tener”. A su juicio, EE UU tiene que ser consciente de que la competencia no es entre EE UU y México, sino entre Norteamérica, Europa y Asia. “Y de eso no se está hablando”, critica el investigador de la Brookings Institution, uno de los think tanks más influyentes en Washington.

Según sus datos, el 20% de las importaciones del mercado automotriz ya no pasan por la normativa del TLC, sino de la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque las reglas de origen, incluso sin este cambio, ya son muy complicadas de cumplir. “Prefieren pagar un arancel bajo en EE UU a cumplir los requisitos del tratado”, apunta Bahar. “Ese porcentaje aumentaría y el sector automotriz estadounidense sumará un problema más”. Payan, del Baker Institute, también cree que la medida tendría el efecto contrario al que pretende: “Las automotrices europeas y asiáticas no van a dejar de producir en México: simplemente pagarán el arancel del 2,5% y traerán aún más insumos de otros países y no de EE UU”, apunta. “El empleo estadounidense no aumentará y su economía tampoco se verá beneficiada”.

EL PEOR ESCENARIO: EE UU SALE DEL TLC

Si México y Canadá mantienen su no rotundo a las propuestas que la delegación estadounidense ha puesto encima de la mesa y Washington acaba cumpliendo la promesa de salirse del “peor tratado comercial de la historia”, en palabras de Trump, las consecuencias no serían mucho mejores que en los escenarios anteriores. “La ironía es que el motivo mismo por el que el equipo de Trump odia el TLC —el déficit comercial— muy probablemente aumentaría en caso de ruptura”, apunta Caroline Freund, del Peterson Institute, en un texto reciente. “El peso mexicano se depreciaría, y las exportaciones mexicanas a EE UU se abaratarían, compensando cualquier pérdida de competitividad de México derivada de los aranceles”.

El cálculo sobre lo que ocurriría es sencillo: el arancel medio que Washington podría fijar sobre los productos mexicanos sería ligeramente inferior al 4%, según las reglas de la OMC, mientras que el peso se depreciaría un 20%, según los cálculos de Juan Carlos Rodado, de Natixis, uno de los analistas que más acertó el año pasado con la cotización de la moneda mexicana. El efecto neto sería un abaratamiento de los productos mexicanos del 16% en EE UU y un encarecimiento del 27% de los productos estadounidenses en México. Las mayores importaciones y menores exportaciones aumentarían el déficit comercial, todo lo contrario a lo que pretende la Casa Blanca. Cabe recordar que entre los objetivos prioritarios de Trump estaba debilitar el dólar frente al resto de monedas internacionales. Lejos de lograr su propósito, la divisa estadounidense se encarecería notablemente frente al peso. Un tiro más del presidente en su propio pie.

Ignacio Fariza

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Los últimos cinco presidentes de Estados Unidos viajaron este sábado por la noche a Texas a un concierto para recaudar fondos para las víctimas de los huracanes que devastaron el sur del país y el Caribe. Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George HW Bush y Jimmy Carter cantaron juntos el himno nacional antes de sentarse en la primera fila para escuchar el concierto, titulado «Desde el fondo del corazón: la llamada de un Estados Unidos».

El presidente Donald Trump no asistió, pero envió un mensaje de video en el que describió el evento como «magnífico» y «esfuerzo vital».

«Como expresidentes, queríamos ayudar a nuestros compatriotas a comenzar a levantarse», dijo Barack Obama en un mensaje de video al comienzo del concierto, transmitido en vivo desde la ciudad universitaria de College Station, Texas.

«La gente aquí ha sido perjudicada, pero como dijo un tejano: Texas tiene más amor que agua », dijo George W. Bush.

«Trabajemos todos juntos y hagamos de Estados Unidos una nación voluntaria más grande», añadió Jimmy Carter.

La banda de música country de Lee Greenwood abrió el concierto con su canción «Proud to be an American», que incluyó las participaciones de Robert Earl Keen, The Gatlin Brothers, Stephanie Quayle y Sam Moore.

Lady Gaga también realizó una aparición sorpresa en la que anunció que haría una donación de un millón de dólares y que se lanzaría un programa de apoyo psicológico para los sobrevivientes.

«En estos tiempos de desastre, dejamos de lado todas nuestras diferencias y nos reunimos, porque nos necesitamos o no podríamos sobrevivir», dijo el cantante.

AFP

El presidente argentino, Mauricio Macri, ha obtenido su primera gran victoria al conseguir que el Congreso —en el que está en minoría— apruebe su plan para pagar a los fondos de inversión que no aceptaron el canje de la deuda impuesto por el peronista Néstor Kirchner en 2005 y que, mediante procesos judiciales, bloquearon el acceso de Argentina al crédito internacional. Es una buena noticia que el país se coloque en la senda de la normalidad financiera que abandonó a raíz de la brutal crisis económica e institucional de 2001.

La victoria en la votación de la semana pasada —a falta todavía de la resolución del Senado prevista para finales de este mes— tiene un importante significado por dos razones. Primera, porque demuestra que Macri, un liberal opositor al peronismo populista representado por el matrimonio Kirchner, posee algo de lo que carecieron durante su mandato sus dos predecesores en la Casa Rosada: capacidad de diálogo y para alcanzar consensos entre rivales políticos. El triunfo de Macri no se basa tanto en la aritmética de la votación —ganada de manera abrumadora por 165 votos contra 86— como en abrir canales de entendimiento con la oposición, algo inédito en los mandatos de Kirchner y su mujer, Cristina Fernández.

En segundo término, el resultado envía un mensaje inequívoco a la comunidad internacional: Argentina quiere volver a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo tras 15 años de retroceso por la ruptura con sus acreedores, la inseguridad jurídica, el acoso a la inversión extranjera, la falsificación sistemática de sus datos económicos, los devaneos con el chavismo y los enfrentamientos injustificados con sus tradicionales aliados. La inminente visita de Barack Obama a Argentina confirma esta vuelta a la comunidad internacional y es otra muestra de que Macri quiere que se hable de su país, no de quien ocupa la presidencia.

 EFE

Argentina vota hoy las elecciones que renuevan buena parte del Parlamento en un clima enrarecido. El hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado, desaparecido el 1 de agosto tras una operación policial para reprimir a un grupo de mapuches, paró la campaña. Los argentinos deciden hoy si entregan todo el poder a Mauricio Macri, que gobierna desde 2015 en minoría, con un gran resultado en todo el país, como apuntan las encuestas, o permiten que Cristina Kirchner, candidata a senadora en Buenos Aires, salga reforzada e intente frenar al presidente como líder de la oposición.

Argentina lleva al menos 70 años dándole vueltas a la versión autóctona de la mítica frase que escribió Vargas Llosa: cuándo se jodió el Perú. Los argentinos pueden estar horas discutiendo quién fue el culpable de la decadencia de un país que estuvo fugazmente entre los más ricos del mundo y en los últimos 70 años tiene uno de los niveles promedio de crecimiento de la economía más bajos del planeta, con durísimas caídas cíclicas de las que nunca se recupera del todo.

Siempre innovadores, los argentinos han probado casi todas las fórmulas políticas posibles para resolver sus problemas. Y ahora han vuelto a hacerlo. Por eso la gran discusión de la votación de hoy es si le entrega todo el poder a un experimento inédito, extraño incluso en un continente como América acostumbrado a las excentricidades: un millonario con Macri, seguido por otro grupo de gente de su clase social y otros profesionales del mundo empresarial, mezclado con algunos experonistas y exradicales, con un novedoso mensaje de reconstrucción del país y una idea fuerte: esta es la última oportunidad de salvar Argentina.

 

EL PAÍS entrevistó antes de las elecciones a una quincena de intelectuales, escritores, artistas, empresarios y expolíticos como Juan Domingo Cavallo, para explicar cómo llega el país a unas elecciones decisivas: a pesar de que no se cambia el presidente, si Macri recibe el aval electoral, como indican todas las encuestas, tendrá todo el poder para seguir adelante con sus reformas y podrá encarar con garantías la reelección de 2019. Si Cristina Kirchner y sus aliados peronistas logran frenar a Macri sobre todo con una victoria en la provincia de Buenos Aires, el presidente seguirá mandando pero con mucha menos fuerza.

Los pensadores argentinos están divididos, algunos se entusiasman con las posibilidades de un cambio como el de Macri y otros están desolados por lo que ven como un giro a la derecha. Pero todos coinciden en algunas cosas. Por ejemplo, que Argentina no puede seguir mirando al pasado. "Argentina idolatra el pasado, tenemos que dejar de repetirlo", señala el filósofo Santiago Kovadloff. Para hacerse una idea de hasta qué punto esto es cierto, la última discusión de campaña consistió en ver a quién habrían votado Perón y Evita si vivieran, a Cristina Kirchner o al candidato de Macri.

Otra constante es que la izquierda y el peronismo han subestimado a Macri. "Se ha peronizado. Nos sorprendió", admite Horacio González, intelectual kirchnerista de referencia. Muchos temen el poder absoluto que pueda obtener el presidente en estos comicios, otros creen que es imprescindible para gobernar un país tan complejo. Todos destacan que ha ido poco a poco porque no tenía poder para ir más rápido, y siempre existe el riesgo de revuelta social en un país con un 30% de pobreza. La sorpresa por la escasa contestación al presidente para la media del país está muy extendida. "Los argentinos están teniendo más paciencia de la que imaginábamos", sentencia el economista Eduardo Levy Yeyati, uno de los hombres más consultados por el Gobierno.

"El cambio en Argentina va en serio, la gente se cansó del desorden", asegura Cristiano Rattazzi, presidente de FIAT Argentina, miembro de la familia Agnelli, empresario entusiasta con Macri. "En Europa se pueden hacer pocas cosas nuevas, en Argentina todo", se ilusiona Gustavo Grobocopatel, llamado el rey de la soja. Pero todos admiten que cambiar el país costará muchos años. "No hay duda de que 2011-2020 será una década perdida en Argentina", sentencia Pablo Gerchunoff, otro economista cercano al Gobierno.

 

Juan Grabois, dirigente social clave y amigo del Papa Francisco, siempre pendiente de lo que pasa en los barrios más difíciles de su país, cree que no habrá estallido social siempre que Macri busque acuerdos, y se muestra inquieto por un giro del discurso sobre inmigración o inseguridad: "En Argentina está avanzando un populismo de derechas, que culpa a los pobres de todo lo que sucede", explica. "En el Gobierno anterior había un interés por esa enorme parte del país que son los pobres y hoy yo veo que no es gente que interese" remata la escritora Selva Almada.

"No sé si Macri vino para quedarse, pero la pobreza sí", profundiza la prestigiosa intelectual Beatriz Sarlo. "Ya hay una generación que creció entre los basureros en Argentina", explica Rodrigo Zarazaga, un cura jesuita que conoce como nadie el conurbano [alrededores de Buenos Aires, hiperpoblados] y asegura que hay dos guetos en el país, el de las villas miseria pero también el de los countrys, los barrios cerrados donde viven los ricos muy cerca de los pobres. Entre los dos mundos hay una desconexión cada vez mayor.

La gran división política que domina el país es otro asunto recurrente, aunque algunos son optimistas: "La grieta argentina se está diluyendo", explica Aníbal Jozami, peronista, rector de la Universidad Tres de Febrero, en pleno conurbano, uno de los éxitos del kirchnerismo, que inauguró centros de estudios superiores en zonas empobrecidas. Otros creen que sigue ahí. "Veo al país muy bipolar. Hay gente que anda contenta porque Macri gobierna y aunque le hayan subido la luz no le importa y hay gente que está triste porque aunque a él le vaya mejor ve a Macri como un dictador. Yo estoy metido en la grieta y tengo muchos víveres. La gente puede venir de cualquiera de los dos lugares", bromea Pablo Braun, un millonario que se metió a editor y dirige la librería de culto Eterna Cadencia.

Otros creen que en el fondo, la Argentina de Macri es muy parecida a las anteriores, porque es un país que vive desde hace 70 años en decadencia y nunca cambia. "Este es un país calesita (tiovivo), da vueltas y vueltas, parece que sale pero termina en el mismo lugar", explica el escritor Martín Caparrós, que incluso sostiene que la Argentina de los 70, contra los que muchos como él tomaron las armas, era mucho mejor que la actual, con menos pobreza.

La necesidad de rebajar las expectativas de un país que fue muy rico está en todas las conversaciones. "A Argentina le cuesta gestionar su mediocridad. Los ciudadanos piensan que merecen más de lo que tienen, lo cual pone permanentemente al país en una situación de estrés", analiza el escritor Alejandro Katz. "Necesitamos un poco más de modestia para darnos cuenta de que los cambios son procesos largos. Creo que la crisis ha disminuido esa soberbia argentina, hoy ya ni en el fútbol se puede decir que somos tan superiores", señala el empresario Hugo Sigman, uno de los hombres más ricos del país, que fue cercano al kirchnerismo.

"Con momentos tan dramáticos, Argentina necesita el humor", remata el dibujante Tute, heredero de la larga tradición que va desde Quino a Fontanarrosa pasando por su padre, Caloi. Tute, muy crítico con el Gobierno de Macri y la situación social, cree que Argentina se repite siempre y bromea con la pasión de sus ciudadanos por psicoanalizarse: "Porque nos gusta escucharnos a nosotros mismos".

Esa idea de la repetición está en todos pero algunos lo analizan con más detalle. La constante, explica el escritor Martín Sivak, está en la gente que mueve realmente el país. "En Argentina lo que de verdad permanece es el partido de los negocios. Hay peronistas, radicales, pueden estar con el PRO, con el socialismo en Santa Fe, no importa. Ahí pesan mucho las relaciones personales, la cuestión endogámica". Un país difícil de cambiar, siempre circular, que hoy decide si de momento mantiene y profundiza el rumbo de Macri o vuelve a dar otro giro.

CARLOS E. CUÉ

Los cinco gobernadores electos de la oposición en los comicios regionales del pasado domingo en Venezuela barajan prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente, después de que un decreto publicado en la Gaceta Oficial dictaminara que no podrán tomar posesión de sus cargos si no lo hacen.

 

Así lo anunció este sábado la gobernadora electa de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado occidental del Táchira, Laidy Gómez, que advirtió que los gobernadores de oposición tomarán una decisión final tras reunirse este sábado con representantes de la sociedad civil de sus estados.

La oposición venezolana no reconoce a la Constituyente por no haber sido sometida a referéndum su convocatoria. Este órgano plenipotenciario instaurado en agosto por el oficialismo está formado íntegramente por chavistas y tiene atribuciones ilimitadas para refundar el Estado.

El dictador del país, Nicolás Maduro, dijo el viernes que las elecciones regionales se repetirían en aquellos estados en que los gobernadores electos se nieguen a juramentarse ante la Constituyente.

Según explicó Gómez, la decisión de juramentarse o no se tomará tras la reunión este sábado tras "evaluar las posturas de todos los sectores de la sociedad civil que vinieron a expresar su opinión frente a un llamado que no está apegado a la Constitución", pero que, añadió, "debemos evaluar en base a todos los planteamientos" de la sociedad civil.

La MUD se enfrenta a la disyuntiva de cumplir su promesa de no presentarse ante la Constituyente o conservar unos cargos que no podrán asumir sin prestar juramento ante este suprapoder que no han reconocido los países de más peso de Europa y América.

El chavismo gobernante se impuso en las elecciones del domingo en 18 de las 23 gobernaciones. La oposición, que ganó en los estados restantes, ha denunciado graves irregularidades que favorecieron al oficialismo y no reconoce los resultados globales.

FUENTE: EFE

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